EscucharEl pleito que tiene el oficialismo por el fallo de la Sala Constitucional sobre el tema de los magistrados suplentes sumó un nuevo capítulo.
Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, cumplió lo que dijo el viernes pasado y este lunes llegó a los Tribunales de Justicia a presentar una querella contra los magistrados que estuvieron a favor del fallo que obliga a los diputados a elegir, sí o sí, a los magistrados suplentes.
La presidenta Laura Fernández, varios miembros del gabinete y los demás legisladores oficialistas llegaron a acompañarla. También fue un grupo de seguidores chavistas.
La querella es por el presunto delito de prevaricato.
Ante esta situación, muchos en la calle se preguntan: ¿pueden los diputados demandar penalmente a los magistrados por sus resoluciones? Para entender bien esto, buscamos al abogado Boris Acosta, quien nos aclaró el panorama.
Un trámite válido, pero muy extraño
Boris explica que, aunque suene rarísimo, la demanda de Yara Jiménez sí es viable desde el punto de vista procesal. O sea, el trámite sí se puede hacer y tiene que seguir su curso legal.
“A mí, particularmente, me parece descabelladísima, pero en realidad la querella es viable", aseguró de forma muy sincera y directa el abogado.
Ahora bien, Acosta detalla que estamos hablando de dos áreas de la ley totalmente diferentes. Aunque a los magistrados se les está cuestionando por sus funciones constitucionales, la denuncia en su contra es en materia penal.
¿Quiénes deben darle curso a la querella?
El experto explicó que los magistrados demandados no serán quienes tramiten ni resuelvan la demanda porque, lógicamente, son las personas cuestionadas en el pleito.
Como los demandados son nada más y nada menos que magistrados de la República, su caso no lo ve un juez de un tribunal común. La papa caliente cae directamente en manos de la Sala Tercera de Casación Penal.
Serán precisamente los magistrados de esa Sala Tercera quienes tendrán la enorme responsabilidad de revisar la acusación y resolver sobre la viabilidad de esa querella.
Sala Constitucional tiene la última palabra
En Costa Rica, cuando hay un pleito o un conflicto entre los poderes del Estado, la misma Constitución Política dice que la Sala Constitucional es la encargada de resolver la controversia y de determinar quién tiene la razón.
Según explica el abogado constitucionalista Rubén Hernández, las decisiones que toman estos magistrados son inapelables. Eso quiere decir que las resoluciones de la Sala no tienen ningún recurso más allá de lo que la misma Sala dicta, por lo que esta querella no parece tener mucho futuro.
Aun así, al vivir en un Estado de derecho, Jiménez y cualquier otro ciudadano tienen la potestad de presentar las denuncias que crean pertinentes y estas deben ser tramitadas.
