Desde hace 12 años, los integrantes del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (Sinamot) de la Universidad Nacional (UNA) no le quitan el ojo al mar ni un solo día del año. Ellos se encargan de monitorear el mar para detectar cualquier amenaza de tsunamis.
Pero esto podría cambiar el 1 de enero de 2027 porque les avisaron de que les quitarían una plaza de trabajo vital que tenían desde 2018 para la atención de alertas.
Esto se debe al 0% de aumento en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que propuso el Gobierno y a los recortes que luego aprobó la Asamblea Legislativa en los presupuestos de las universidades.
Este equipo ya operaba casi con las uñas, con apenas tres o cuatro funcionarios. Con este duro tijeretazo, quedarían solo dos personas: una a tres cuartos de tiempo y otra a medio tiempo. Así es imposible vigilar el mar de día y de noche.
Una labor de gran importancia
Desde abril de 2014, el Sinamot-UNA ha sido un escudo oficial. Ha analizado más de 900 eventos y ocho de ellos han terminado en tsunamis reales registrados en Costa Rica.
¿Se acuerda de la erupción del volcán en Tonga en enero de 2022 o del evento en Kamchatka, Rusia, en julio de 2025? Cinco de esos tsunamis fueron observados por los ticos y en tres ocasiones avisaron a tiempo para suspender las actividades en el agua.
Pero su trabajo no es solo dar alertas; más bien consiste en evitar que la gente salga corriendo en vano. Kristel Espinoza Hernández, experta del Sinamot, recordó una vez que desde Estados Unidos alertaron que debíamos evacuar por posibles olas de hasta tres metros.
“El equipo del Sinamot analizó la información y en 15 minutos determinó que no era necesaria una evacuación, que no estábamos dentro de esta área de riesgo,” explicó doña Kristel, demostrando lo vital que es tener información en tiempo real.
Más de 70 comunidades costeras en vilo
El trabajo de los funcionarios no se queda solo en una oficina. Ellos han laborado de la mano con más de 70 comunidades costeras, haciendo simulacros y estudios en lugares como Cahuita, Carrillo, Sámara, Tamarindo y Bahía Potrero.
Si este servicio cierra, no solo pierden ellos. Pierden también las instituciones públicas, las empresas privadas, los turistas y cualquier familia que esté disfrutando de la arena.
Por eso, el Sinamot les mandó un mensaje urgente al Gobierno de la República y a los diputados para buscar una pronta solución.
