Pese a que los diputados aprobaron el 5 de marzo pasado una ley que tiene como fin que las entidades bancarias repongan a los usuarios el dinero que estafadores les sacaron de las cuentas, la nueva legislación aún no está vigente.
El presidente Rodrigo Chaves no ha firmado la ley y eso ha ocasionado un atraso en la entrada en funcionamiento de la esperada iniciativa.
La Defensoría de los Habitantes hizo este lunes un llamado al presidente de la República a que firme la ley, ya que asegura que cientos de afectados claman por ayuda.
“Esta ley, en la que esta Defensoría participó como co-redactor, representa un importante avance para garantizar la defensa efectiva de los derechos de los consumidores financieros, por lo que la espera en la entrada en vigencia, incrementa el riesgo para atender los casos que todavía se mantienen en trámite.
“Por este motivo, desde la Defensoría, hacemos un respetuoso llamado a la Presidencia de la República para que se brinde el procedimiento correspondiente de firma para su entrada en vigencia”, informó la Defensoría.
Daño más allá de lo económico
La entidad dice que las estafas generan un daño más allá de lo económico, ya que golpean la salud física y mental de los afectados, quienes suelen ser revictimizados durante el proceso de investigación de las propias entidades financieras.
“La aprobación de esta ley, se viene a complementar con el fortalecimiento de las Contralorías de Servicios. Una reciente investigación de la Defensoría les recordó a las entidades financieras que les corresponde actuar con mandato de verdaderas defensas de los consumidores financieros ante las propias instituciones que representan, en defensa contra acciones que vengan a vulnerar los derechos de los clientes, particularmente en la fundamentación y atrasos sufridos en los plazos para la emisión de las resoluciones de las investigaciones por estafas bancarias”, agregó la Defensoría.
El expediente 23.908, denominado Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero, fue impulsado por el diputado liberacionista Óscar Izquierdo, quien asegura que la aprobación de la iniciativa es un gran avance para el país.
Lo más revolucionario de esta ley es que invierte la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? Que ahora no es usted quien debe desgastarse demostrando que no entregó sus claves; ahora es la entidad financiera la que debe investigar y responder por el dinero sustraído de manera ilegítima.
El proyecto reconoce que quien custodia el dinero es el responsable de cuidarlo, quitándole ese peso de encima a la víctima.
La Teja consultó a Casa Presidencial a qué se debe que el presidente Chaves aún no haya firmado la ley. Estamos a la espera de la respuesta.


