La Sala Constitucional (Sala IV) otorgó un plazo de tres días hábiles al ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, así como a órganos estatales para rendir un informe sobre la retención de fondos correspondientes al Poder Judicial.
Esta resolución de los magistrados surge tras acoger para estudio un recurso de amparo interpuesto por el abogado Ricardo Rechnitzer. En el documento, el jurista sostiene que el Ministerio de Hacienda dejó de girar o recortó unos ¢16.273 millones al presupuesto judicial, sin que estas modificaciones contaran con el aval legal requerido. En el recurso también figura como recurrida la presidenta de la República, Laura Fernández.
LEA MÁS: ¡Zafarrancho sindical! Fuerza Pública interviene en tenso pleito a gritos en el SEC
De acuerdo con el documento legal, difundido por el abogado a través de su perfil de Instagram, en noviembre del 2025 el Congreso aprobó asignarle al Poder Judicial ¢8.687 millones para fortalecer la operatividad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público mediante la creación de nuevas plazas y subdelegaciones.
Sin embargo, el recurso señala que Hacienda no autorizó la ejecución de estos fondos e incluso los eliminó del presupuesto proyectado para el 2027 sin que mediara una ley que modificara la asignación que ya estaba en vigencia.
A esta situación se suman los más de ¢3.000 millones adicionales que, según se reportó en julio anterior, Hacienda dejaría de girarle al Poder Judicial, así como una reducción de ¢13.242 millones que la Corte Plena debió acordar en junio tras una solicitud directa de esa misma cartera.
Según argumenta el accionante, este golpe a los recursos afecta severamente la operatividad del Poder Judicial, perjudicando la investigación criminal y la persecución penal en el país. Además, advierte que esta falta de presupuesto pone en riesgo la integridad física y la vida de los agentes policiales.
LEA MÁS: ¡Atención papás! IMAS anuncia ajuste en el monto de la beca Avancemos
Por estas razones, el recurso solicita a la Sala IV que ordene a Hacienda liberar y girar los dineros de inmediato al Poder Judicial y que se abstenga de aplicar nuevos recortes.
Tanto la Presidencia de la República como el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa tienen tres días hábiles, contados a partir de la notificación del 5 de noviembre, para presentar sus justificaciones oficiales ante el Tribunal Constitucional.
