Tras los recientes ajustes generales establecidos para los salarios mínimos del sector privado, los trabajadores que se desempeñan en labores domésticas en Costa Rica percibirán un incremento adicional diferenciado en sus ingresos, en un esfuerzo de las autoridades por equiparar los salarios.
Según definió el Consejo Nacional de Salarios (CNS), el órgano conformado por representantes del Gobierno, el sector patronal y las agrupaciones sindicales, el salario mínimo para este sector específico aumentará un 4,18 %.
Esta medida técnica busca reducir de manera paulatina la histórica brecha salarial que ha enfrentado esta ocupación con respecto a otras categorías de trabajo en el país.
Es importante destacar que este ajuste del 4,18 % no se aplicará de forma aislada, sino que se suma al 1,70 % de aumento general que el mismo Consejo había aprobado para todas las categorías salariales del sector privado durante la semana anterior.
Al combinarse ambas fijaciones, el incremento total de ley que se aplicará a los empleados domésticos será del 5,88 % de cara al año 2027.
De acuerdo con los datos oficiales vigentes y publicados en la plataforma del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), durante el 2026 el salario mínimo de los trabajadores domésticos se encuentra fijado en ₡268.731,31 mensuales.
Al aplicar el porcentaje global aprobado a esta base, el ingreso mensual mínimo para este sector quedará en poco más de ₡284.500. Este rubro corresponde a la jornada completa y deberá ser acatado por los patrones.
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El impacto en la población de este ajuste tarifario es significativo. Estimaciones de la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Costa Rica indican que alrededor de 170.662 personas se dedican al trabajo doméstico remunerado en el territorio nacional, ya sea como su fuente de empleo principal, como una labor secundaria o en ambas modalidades para lograr el sustento familiar.
No obstante, la aplicación de estos salarios mínimos se enfrenta a un profundo reto estructural. Asimismo, los datos del sector revelan que el 88 % de las personas que se desempeñan en estas labores son mujeres que trabajan en condiciones de informalidad.
Este alto porcentaje implica que, pese a las fijaciones salariales y obligaciones patronales dictadas por el Ministerio de Trabajo, una gran mayoría de estas trabajadoras ejerce sus labores sin el aseguramiento social correspondiente y sin el pleno goce de sus garantías laborales.
