La huelga contra el plan fiscal parece haber encontrado su límite este martes. A solo 16 días del inicio de las vacaciones y luego de 81 días sin presentarse a trabajar, los sindicatos están sugiriendo a sus miembros volver a las labores.

La decisión tiene lógica si tomamos en cuenta que la ley no les permite irse a vacacionar si siguen en huelga.

Eric Briones, doctor en Derecho laboral, explicó que una persona que participa de un movimiento huelguístico tiene suspendido su contrato de trabajo, lo que le permite ausentarse para apoyar esa huelga sin que se le pueda despedir; así lo dice el artículo 371 del Código de Trabajo.

Como está suspendido, no está trabajando y la ley solo garantiza el derecho a vacaciones a los trabajadores que están activos en su puesto, si jalan para la playa o salen del país, en días laborables, los educadores tendrían la misma suerte de los que agarraron saliendo del país en octubre pasado.

“Un trabajador puede gozar de dos semanas de vacaciones después de trabajar cincuenta semanas, en el caso de los trabajadores que tienen su contrato suspendido, para poder gozar de vacaciones deben regresar a su trabajo”, explicó Briones.

Este miércoles, un juzgado ratificó que la huelga de los educadores es ilegal, pero esa decisión puede ser apelada.

En el caso del aguinaldo, como aún no hay una declaratoria de legalidad o ilegalidad definitiva de parte de un juez, les va a caer completito. “Aunque se mantengan en huelga tienen derecho a su aguinaldo hasta que un juzgado diga lo contrario”, agregó el experto.

La “torta” para ellos es que el documento presentado a las bases asegura que, ambas partes (MEP y sindicatos), aceptarán el fallo del juez. Esto quiere decir que no podrán decir ni pío si les condenan a devolver los sueldos.

Pero también deja el portillo abierto para que se queden con las vacaciones y el aguinaldo en las mismas condiciones de los trabajadores que sí bretearon seguido y no se unieron a la huelga.

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¿Qué cartas se juegan?

Gilberto Cascante presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (ANDE); Mélida Cedeño Castro, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y Gilberto Díaz Vásquez, presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), le entregaron el martes un documento al Ministerio de Educación Pública en el que presentan cuatro puntos para volver a sus labores.

Si las bases aprueban ese documento que, circuló este miércoles por las páginas de Facebook de las tres organizaciones, se comprometen a levantar el movimiento de huelga y echar a andar otra vez las escuelas y colegios a partir de las 7 de la mañana del día 30 de noviembre del 2018.

En ese primer punto solicitan que a los educadores que trabajen muy lejos les den chance de regresar el lunes 3 de diciembre.

Además piden que no se tomen represalias contra las personas que se unieron al movimiento de huelga para que regresen a un ambiente laboral “sano”.

El tema de los salarios no quedó fuera. En el acuerdo se establece que ambas partes respetarán lo que en definitiva resuelvan los tribunales de Trabajo.

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En el último punto toca temas administrativos y se acuerda que los representantes del MEP, ANDE, SEC y APSE se pondrán de acuerdo con las medidas administrativas necesarias para cerrar como Dios manda el año lectivo 2018 y arrancar sin problemas el 2019.

Todos estos puntos se discutirán este jueves, así lo confirmó la encargada de prensa del SEC a La Teja. Mélida Cedeño, quien compartió un video en Facebook en el que aseguró que esta agrupación también presentará el texto a sus bases para que lo voten.

Quisimos conocer la opinión de Gilberto Cascante, pero no contestó ninguna de nuestras llamadas.

El MEP confirmó que el documento plantea una salida aceptable para acabar con la huelga.

“Tenemos que volver a normalizar el sistema educativo del que dependen miles de niños y jóvenes y no podemos seguir generando un impacto negativo”, dijo el ministro Edgar Mora.