Bella Flor Calderón.20 diciembre, 2018
Los viajes se descubrieron cruzando los datos de los trabajadores del MEP con los de Migración. Foto Rafael Murillo
Los viajes se descubrieron cruzando los datos de los trabajadores del MEP con los de Migración. Foto Rafael Murillo

El Ministerio de Educación Pública (MEP) empezó a volarse desde el 20 de noviembre a los educadores que se la jugaron y salieron del país durante el periodo de huelga.

Y este jueves esa institución dio a conocer que la cifra de despidos llegó a 19, todos son parte de la lista de 232 procedimientos disciplinarios que se siguen a los funcionarios que salieron de viaje durante el primer mes de la huelga (10 de setiembre al 9 de octubre) sin tener una justificación.

Ellos quedaron evidenciados luego de que el MEP cruzó los datos de sus trabajadores con los registros de salidas de Migración.

Además, se investiga a 15 directores que se ausentaron por viajes entre tres y 26 días. En siete de los 15 casos, la persona dejó sus funciones entre tres y cinco días, en cuatro casos estuvieron fuera entre ocho y nueve y en otros cuatro se ausentaron entre 18 y 26 días.

A todas esas personas se les abrieron investigaciones para determinar si cometieron faltas graves y establecer las sanciones respectivas.

El propio 20 de noviembre fueron despedidos por este asunto los primeros seis docentes, el 4 de diciembre se notificaron dos salidas más y en las últimas dos semanas el ministro de Educación Pública, Edgar Mora Altamirano, firmó 11 despidos más.

Esos funcionarios pertenecen a las Direcciones Regionales de Educación de Heredia, Alajuela, Occidente, San José Norte, Coto, Los Santos, Guápiles, San Carlos y Limón.

“Hemos insistido en que no se puede abusar de un derecho. Los docentes, conserjes o administrativos que salieron de viaje aprovechándose del estado de huelga cometieron una falta grave y eso es algo que el sistema educativo no puede permitir”, declaró Mora.

Entre los 232 investigados también hay funcionarios temporales y propietarios. Sin embargo, los procesos disciplinarios en casos de propietarios son más lentos.