La jueza Rosaura García Aguilar, una de las que llevó el juicio contra tres exdiputados del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), les dio una buena pasada este miércoles en la tarde cuando leyó la sentencia por medio de la cual los tres fueron condenados a prisión.

Los sentenciados fueron Martín Monestel, quien recibió una pena de 11 años; Rita Chaves, condenada a siete años y Víctor Emilio Granados, quien fue presidente de la Asamblea Legislativa de mayo del 2012 a mayo del 2013, este último recibió la pena más fuerte: 19 años de prisión.

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La Fiscalía demostró en el juicio que los exlegisladores nombraron familiares y amigos como asesores de confianza en el Congreso, pero esas personas nunca fueron a trabajar, es decir, recibían el salario por hacer nada.

Luego de leer el por tanto, la jueza se dirigió a los sentenciados.

“Aquí se provocó un daño social importante, aparte de la lesión a la probidad (honradez) en la función pública, este proceder que desarrollaron los aquí encartados provoca un malestar generalizado de la población, impotencia y desazón por la forma de actuar de ciertos funcionarios, representantes populares que llegan a un cargo público a servirse del Estado.

“Ello genera, con razón, la perdida de credibilidad en las instituciones y en este caso del Poder Legislativo, el cual está integrado también por muchas personas que desarrollan un trabajo arduo, pero que con casos como este producen en la población un mensaje negativo: que los fondos no está en las mejores manos.

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“Se resquebrajaron aquí las bases del sistema democrático y hasta se resta mérito, lamentablemente, a la figura del partido político (PASE) como canalizador de las aspiraciones de ciertos sectores de la población”.

La jueza dijo además que debido a todo este proceso, el partido político dejó de recibir el apoyo de mucha gente, de personas vulnerables, muchas de ellas con alguna discapacidad, que habían puesto en sus integrantes la confianza y estos más bien se aprovecharon del apoyo para favorecerse y favorecer a los suyos.

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Familiares y amigos condenados

El Ministerio Público también logró demostrar la culpabiliad de siete personas de apellidos Casanova Aragón, Rodríguez Rodríguez, Zamora Álvarez, Chaves Alvarado (quien ya falleció), Esquivel Mondragón y dos de apellidos Brenes Villalta. Ellos fueron quienes recibieron la plata sin trabajar.

A estas personas se les impuso una pena de tres años a cada uno, por lo que no irán a prisión, excepto Casanova Aragón, a quien se le impusieron seis años que deberá descontar bajo el beneficio de casa por cárcel. En el caso de Chaves Alavarado, como ya falleció, el proceso queda cancelado.

A los tres exlegisladores se les impusieron las medidas cautelares de no salir del país, entregar el pasaporte en máximo 24 horas, presentarse a firmar una vez al mes y mantener actualizado en las bases del Poder Judicial su domicilio.

Todo esto será así mientras la sentencia queda en firme, ya que luego deberían ir a prisión.