Shirley Sandí.21 agosto, 2018

Canciller de la Curia explica caso de sacerdote acusado

La Iglesia católica asegura que la máxima sanción que podría recibir el cura Mauricio Víquez Lizano, denunciado por supuestos abusos deshonestos contra menores de edad, sería lo que se conoce como la expulsión perpetua del estado clerical.

Dicho en palabras sencillas, si Víquez es encontrado culpable no podría volver a ejercer nunca más las funciones de un sacerdote, aunque puede seguir perteneciendo a la Iglesia como cualquier otro feligrés.

Así lo manifestó el canciller de la Curia Metropolitana, Rafael Ángel López, quien aseguró que, en este caso, los tres hombres que interpusieron la denuncia presentaron su testimonio y el de un testigo. El sacerdote también aportó su descargo.

El canciller lamentó que el caso haya prescrito para una acusación penal. Fotografía José Cordero
El canciller lamentó que el caso haya prescrito para una acusación penal. Fotografía José Cordero

Los hechos ocurrieron hace 20 años, cuando los afectados tenían entre 13 y 16 años, se habrían presentado en las comunidades parroquiales donde el denunciado ejerció como sacerdote.

López indicó que la Iglesia indagará las denuncias recibidas para determinar si tienen fundamento o no.

Las pruebas se enviarán este martes a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Santa Sede del Vaticano, que es el órgano encargado de determinar la sanción correspondiente.

"En este momento el sacerdote está suspendido, no puede celebrar ningún sacramento ni puede hacer uso de su investidura sacerdotal hasta que se resuelva la causa”, aseguró Sandí.

Sobre el hecho de que el caso esté prescrito y no pase a Tribunales, ya que ocurrió hace 20 años, Sandí expresó que es lamentable, “pero según el ordenamiento costarricense es un delito público de instancia privada, los únicos que pueden poner una denuncia por abuso sexual son las víctimas o, si son menores de edad, sus padres o encargados. Nosotros aconsejamos que denuncien a nivel penal, pero a la Iglesia no le corresponde acusar”, reiteró el canciller.

Víquez había sido denunciado en los medios de comunicación en el 2016 por dos grupos de defensa de los derechos LGTBI por un supuesto doble discurso en el tema gay, aduciendo que atacaba a esta comunidad y por otro lado mantenía relaciones sexuales con personas del mismo sexo.

El canciller descartó que Víquez haya sido vocero de la Iglesia católica en temas de familia, más bien aclaró que estaba dedicado a la academia, a la parte intelectual.

"Es una persona muy brillante y por eso los medios de comunicación lo contactaban para dar declaraciones. La Iglesia se lo permitió, pero nunca fue un rol oficial”, aseguró Sandí.

La Teja le consultó por qué algunos sacerdotes sí deben estar batiendo barro en las parroquias alejadas, atendiendo feligreses, mientras que otros, como Víquez, vivía en un apartamento lujoso en el centro de San José y solamente se dedicaba a dar clases.

"Depende de las circunstancias y los carismas (cualidades) de cada quien. En las parroquias hay que administrar, dependiendo de las cualidades, también se necesitan profesores en el seminario y cargos administrativos dependiendo de la especialización que cada uno tenga. Ya sobre su posición económica no sé si será por cuestiones de la familia, son circunstancias particulares. Desde el 2016 no tiene ningún oficio eclesiástico”, agregó el canciller.

Sandí reconoció que existen seis casos concluidos de sacerdotes expulsados por denuncias de abuso, uno incluso cumplió su condena en la cárcel y existen cuatro acusaciones más en proceso.