El alcalde de Cartago, Mario Redondo, dio detalles de los operativos que realizaron este lunes en Los Diques, en La Lima y Guadalupe, tras los recientes hechos violentos que han estremecido la zona.
Redondo recordó que desde hace años se advirtió que el área era “una bomba de tiempo” y que se requería un esfuerzo interinstitucional para atenderla.
Sus declaraciones se dan en medio de operativos conjuntos realizados en las inmediaciones del puente conocido como Los Gemelos, en los que participaron la Fuerza Pública de Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), con apoyo de la Municipalidad de Cartago.
Los operativos también están relacionados con varios homicidios recientes ocurridos en Guadalupe de Cartago, muy cerca del puente.
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Uno de ellos fue el asesinato de un joven de 24 años, de apellido Villar, la noche del domingo, quien murió tras recibir múltiples disparos por parte de dos hombres que viajaban en motocicleta.
Otro de los crímenes que se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades ocurrió el martes 10 de febrero, a las 12:38 a. m., frente al puente de Los Gemelos, sobre la autopista en Guadalupe. En ese ataque armado fallecieron una mujer de apellido Gutiérrez, de 52 años, y un hombre de apellido Navarro, de 31 años.
Según el reporte del OIJ, las víctimas viajaban dentro de un vehículo cuando desde otro automóvil les dispararon en múltiples ocasiones. Ambos recibieron impactos en el pecho y la espalda y fallecieron en el sitio. En ese mismo hecho, dos hombres resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos.
El alcalde insistió en que la problemática de Los Diques no puede abordarse desde una sola institución. Señaló que se requiere la participación activa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como responsable legal de los terrenos, así como del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), cuerpos policiales y otras entidades estatales.
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En el sector viven alrededor de 2.500 familias, lo que, según Redondo, convierte la intervención en un reto complejo y multicausal que debe incluir acciones de prevención, control, reformas legales y participación comunitaria para frenar la violencia que se ha intensificado en la zona.

