El Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó el pedido de extradición presentado por el Estado de Nicaragua en contra del opositor.
La resolución fue dictada este lunes y revoca una decisión previa de un tribunal costarricense de primera instancia que había avalado el traslado del nicaragüense a su país.
Con esta decisión, el Tribunal ordenó además la detención de Fernández por un plazo de 24 horas, a la orden del Ministerio Público, con el fin de que se determine la eventual aplicación de justicia nacional en Costa Rica.
Fernández es investigado por presuntos delitos de homicidio calificado, según el expediente judicial.
La solicitud de extradición había generado una fuerte reacción de movimientos políticos y sociales nicaragüenses, que pidieron a Costa Rica no entregar al opositor al régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las organizaciones sostienen que la petición forma parte de una persecución transnacional contra personas críticas del gobierno nicaragüense.
Policía asesinada
Fernández es sospechoso de la muerte de la policía Aracely Marisol Díaz Salinas y del trabajador de la empresa Agro Industrial del Río, Pedro Pablo Chavarría Rivas. El tiroteo también dejó cuatro heridos.
Los hechos ocurrieron aparentemente el 1 de octubre de 2022 en Buena Vista de El Castillo, en Río San Juan. Nicaragua asegura que los hechos se dieron durante un asalto a una camioneta que transportaba el dinero para pagar a varios trabajadores.
Por este caso, cinco personas más son sospechosas, solo una de ellas ha sido condenada a 103 años de cárcel.
Algunos medios de comunicación nicaragüenses como El Confidencial han denunciado que el régimen nicaragüense ha acusado falsamente a personas opositoras de delitos comunes.
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Además, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) tiene casos de exiliados que fueron detenidos en Costa Rica luego de que Interpol recibiera la alerta por parte de Nicaragua.
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Fernández tendrá que ser juzgado en Costa Rica y el país vecino tendrá que aportar las pruebas necesarias para poder realizar el juicio en su contra.

