EscucharUn exestudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica fue detenido como sospechoso de amenazas agravadas y terrorismo contra la Rectoría y el personal de dicha institución.
Según el informe que la Policía Judicial remitió a la Fiscalía, la razón por las que el joven, al parecer, realizó los actos sería un profundo resentimiento, tras haber acumulado cuatro años y seis meses de suspensión disciplinaria por faltas que incluían el plagio, irrespeto a la autoridad e ingreso no autorizado a laboratorios restringidos.
La captura se dio en San Carlos la noche del martes y el hombre fue trasladado a la Fiscalía de Cartago, donde se lleva la causa.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Sección de Cibercrimen y el Ministerio Público, investigan los hechos desde finales de 2025, los cuales han generado preocupación dentro de la comunidad universitaria.
El sospechoso estudiaba Ingeniería en Computación y es de apellidos Castro Aguilar, de 24 años de edad.
Michael Soto, director del OIJ, advirtió que el caso de amenazas investigado contra el Instituto Tecnológico de Costa Rica podría presentar un nivel de riesgo distinto al de otras denuncias similares registradas en centros educativos del país al existir un tema de resentimiento.
Según explicó Soto, aunque este tipo de amenazas se ha vuelto más frecuente en centros educativos, en muchos casos asociadas a intentos de generar alarma o suspender actividades académicas, la naturaleza de este expediente en particular requiere un análisis más profundo por parte de las autoridades.
“Lamentablemente, las amenazas a centros educativos se han vuelto más comunes, pero este caso podría tener un nivel de riesgo diferente, ya que se trataría de una persona con algún tipo de resentimiento”, señaló el jerarca judicial.
Según el informe, el joven habría aprovechado sus conocimientos técnicos para sembrar el pánico entre la población universitaria, generando el miedo de ir a clases.
La universidad, desde noviembre del 2025, ha tenido que enfrentar estas amenazas, en las que se hacen difamaciones en redes sociales, además de las que más asustan a los estudiantes y personal, que son las advertencias explícitas de tiroteos masivos y ataques con explosivos.
La investigación detalla que el hostigamiento que sufrió la institución ha incluido el envío masivo de correos con “copia oculta” y las amenazas directas de muerte contra la rectora del Tecnológico y las docentes de la institución.
Los hechos han provocado que en repetidas ocasiones la universidad tenga que activar sus protocolos de seguridad, evacuar el campus, y hasta ha provocado que esperadas actividades masivas, como el Festec, se suspenda.
Desde la primera alerta el Tec puso la denuncia formal, pues con estas amenazas se veían afectadas 19.000 personas.
El OIJ empleó gran cantidad de recursos en la investigación para determinar quién era el sospechoso.
“La Sección de Cibercrimen determinó que los correos amenazantes fueron enviados utilizando herramientas y programas para lograr enmascaramientos para ocultar la verdadera identidad, inclusive a través de servicios internacionales para evadir el rastreo”, detalló el informe.
De hecho los investigadores hasta lograron rastrear al sospechoso cerca del campus del TEC en Santa Clara de Santa Rosa en el justo momento en que se daban amenazas de un tiroteo.
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Las investigaciones permitieron obtener metadatos del perfil “Peor Pesadilla”, vinculando directamente el número telefónico y el correo personal de Castro Aguilar con las publicaciones.
Así mismo, las imágenes de difamación enviadas a una profesora de manera anónima por WhatsApp eran idénticas a las que los judiciales encontraron en la cuenta del estudiante.
Soto indicó que el trabajo realizado por la Sección de Cibercrimen y la Delegación Regional de Cartago permitió avanzar en la identificación del sospechoso mediante el análisis de metadatos, rastreo de direcciones IP y otros elementos técnicos de investigación digital.
El jerarca judicial añadió que este tipo de casos deben ser abordados con máxima seriedad, debido a su impacto en la seguridad y la estabilidad de las comunidades educativas.
En ese sentido, señaló que, más allá de la intención o motivación del autor de las amenazas, este tipo de conductas constituyen una forma de violencia que no debe minimizarse.
En el expediente se revela que el sospechoso habría señalado que “lo que no prospere en sede judicial va a prosperar con sangre”, situación que provocaba mucho miedo.
