Fiscalía denunció al exdiputado Abelino Esquivel por obligar a sus asesores a darle dinero

El Ministerio Público presentó ante el Juzgado Penal de Hacienda la acusación contra el exdiputado Abelino Esquivel por exigirle a tres de sus asesores un pago mensual, dinero que era tomado del salario que recibían los funcionarios.

Además de Abelino, también fue acusada su hermana Wray Esquivel, ambos por cuatro delitos de concusión (es cuando un funcionario público abusa de sus funciones y obliga a algo en su propio beneficio o de un tercero), además de uno de enriquecimiento ilícito.

En el caso de Wray, ella era la jefa de despacho, por lo que era quien se encargaba de cobrar a los otros asesores la plata cuando recibían el salario.

Además, la esposa de Esquivel, de apellidos Cortés, es sospechosa de dos delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito. Ella estaba nombrada como asesora, recibía el sueldo, pero no llegaba bretear.

Abelino se expone a una pena de dos a ocho años de cárcel.

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La Fiscalía abrió la investigación el pasado 24 de agosto cuando los asesores denunciaron que el exdiputado les pedía ¢575 mil por mes (ese monto era con el pago de todos), pero cansados de la situación revelaron lo que ocurría, dos días antes de que les tocara el “pago”.

Abelino, exdiputado de Restauración Nacional, fue indagado días atrás por las autoridades.

Los asesores afectados son Álvaro Oconitrillo, Joselyn Rodríguez y Shirley Marín.

"Yo entré normal, en febrero (del 2017). Aproximadamente cuatro meses después de entrar, tal vez en junio, ellos me dicen que van a hacer un cambio de plazas y que, a raíz de eso, yo tenía que darles ¢62.500 quincenales a ellos. Nunca se me indica por qué motivo, ni me dicen ‘lo vamos a utilizar en tanto’ y nunca me brindaron tampoco ningún informe de dónde estaban invirtiendo mi dinero”, dijo la asesora Joselyn Rodríguez, en una entrevista a La Nación.

La pena a la que se expone Abelino es de dos a ocho años de cárcel.

La Procuraduría General de la República (PGR) ya está al tanto de la situación y tendrán 13 días para decidir si presentan una acusación particular o una acción civil resarcitoria para que se solicite un monto económico que “repare” el daño hecho al estado.