EscucharLo que comenzó como un proceso administrativo para nacionalizar dos embarcaciones en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), terminó en una condena penal.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) logró que Félix Pecou Johnson, jefe del departamento de Proveeduría de JAPDEVA, y Javier Fonseca Castañeda, empresario, fueran sentenciados a ocho años de prisión cada uno por dos delitos de peculado.
Además, el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública les impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.
Mientras la sentencia queda en firme, ambos deben firmar mensualmente, mantener actualizado su domicilio, entregar el pasaporte y tienen prohibición de salir del país, como medidas cautelares.
Los hechos ocurrieron en 2005, cuando JAPDEVA inició un proceso de contratación directa para nacionalizar la lancha remolcadora Quribrí y la grúa pórtica Pablo Presbere.
El departamento de Proveeduría invitó a cinco empresas, pero eligió los servicios de Fonseca Castañeda, quien no estaba habilitado como agente aduanero y no presentó la mejor oferta, según criterios técnicos.
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Según la FAPTA, los imputados utilizaron a un tercero, fallecido, que sí era agente autorizado, para insertar información falsa en las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUA), pagando únicamente ₵89 millones en lugar de ₵168,7 millones, lo que les permitió obtener un beneficio indebido de más de ₵76 millones.
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El segundo delito se dio en agosto de 2005, cuando Pecou autorizó un nuevo pago de ₵39,3 millones por supuestos costos adicionales de nacionalización, sin documentación que lo justificara. Esto provocó un perjuicio total de más de ₵115 millones a JAPDEVA.
El caso se tramitó bajo el expediente 06-200220-0472-PE.
