EscucharUna escopeta se convirtió en una de las pruebas fundamentales que utiliza la Fiscalía contra los cuatro policías detenidos como sospechosos de participar en un allanamiento ilegal a una vivienda en Tamarindo, Guanacaste.
De acuerdo con la investigación, los oficiales habrían ingresado a la casa de un colombiano de apellido Farrufia, de 25 años, quien poco antes había resultado herido en un ataque a balazos ocurrido en una plaza de deportes.
Lo que habrían sacado de la vivienda
Según el Ministerio Público, los sospechosos presuntamente sustrajeron una escopeta, una pistola, una mochila que contenía tres kilos de marihuana, además de joyas, ¢1.920.000 en efectivo, perfumes y una botella de licor.
Sin embargo, lo que ocurrió después con las armas es uno de los aspectos que más llama la atención de los investigadores.
La escopeta y la pistola son claves
De acuerdo con la Fiscalía, los sospechosos habrían devuelto minutos después la escopeta y el bolso que habían tomado.
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No obstante, la investigación señala que la pistola habría sido colocada en las cercanías del sitio donde ocurrió el ataque a balazos contra Farrufia.
“Se cree que minutos después devolvieron la escopeta y el bolso; sin embargo, habrían colocado la pistola en las cercanías del sitio donde ocurrió el ataque y, presuntamente, alertaron vía radio del hallazgo de un arma de fuego en el lugar, cuando se trataba de la sustraída por ellos”, indicó la Fiscalía.
Precisamente, esta secuencia de hechos es una de las principales evidencias que sustentan la causa, ya que los investigadores sospechan que los oficiales habrían manipulado la escena y presentado como hallazgo un arma que ellos mismos habían retirado previamente de la vivienda.
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Audiencia este miércoles
Los sospechosos, de apellidos Gómez, Villagra, Hernández y Torres, fueron detenidos este martes 2 de junio durante una serie de allanamientos.
Ahora deberán enfrentar una audiencia de medidas cautelares programada para la mañana de este miércoles 3 de junio.
La Fiscalía les atribuye los presuntos delitos de abuso de autoridad, hurto agravado y favorecimiento real.
Será el Juzgado Penal de Santa Cruz el que determine cuáles medidas cautelares deberán cumplir mientras avanza la investigación.
