Ley obligaría a agresores domésticos a usar tobilleras con alerta

La medida se aplica desde el 2007 en España y alerta a las víctimas si el agresor se acerca

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Hoy es una fecha especial. Es el Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

La Organización de las Naciones Unidas definió en 1993 que la violencia es “todo acto que pueda tener como resultado el daño o el sufrimiento en la mujer”.

Son también violencia el acoso, el ciberacoso, matrimonios forzados, insinuaciones y cualquier manera de la violencia a los derechos humanos que interrumpen en el bienestar de las personas.

En Costa Rica la violencia contra las mujeres es un mal que debe ser eliminado. Hay acciones que van en ese sentido y una se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa.

Los diputados de la Comisión de Seguridad trabajan en un proyecto inspirado en la legislación española y que, de aprobarse como ley, el resultado sería que los agresores domésticos obligados a cumplir medidas cautelares usen tobilleras electrónicas.

Esos aparatos tienen una función parecida a las tobilleras que usan los reos con beneficios carcelarios en Costa Rica. Eso sí, en España los dispositivos usados en casos de agresión en los hogares son programados para avisarle a la víctima si el agresor irrespeta el espacio de seguridad impuesto por los jueces y se está acercando.

La alerta le da a la persona afectada tiempo para pedir ayuda.

Los aparatos pueden ser programados con varios puntos de restricción, por ejemplo: la casa de la víctima, su lugar de trabajo o el centro de estudio de sus hijos si los tiene.

La aplicación de una medida similar en el país permitiría dar mayor seguridad a las personas que sufren violencia por parte de parejas o exparejas, ya que los agresores sabrían que están siendo monitoreados en todo momento. Eso, se supone, debería convencerlos de respetar las medidas impuestas.

Datos del Observatorio de Género del Poder Judicial indican que en el 2018 se reportó a la Policía Judicial 5.639 incumplimientos de medidas de protección; en el 2017 fueron 6.405 y en el 2016 las violaciones a las medidas fueron 6.521.

El diputado Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional y quien preside la Comisión de Seguridad, dice que están trabajando en un texto base para modificar la Ley de vigilancia electrónica y esperan incluir en ella la forma de monitoreo aplicada ya en España (donde usan pulseras en vez de tobilleras).

Si se aprueba en el país habría que definir dónde iría colocado el aparato.

“Creemos que es completamente viable en el país, con la modificación que estamos trabajando pensamos que también las tobilleras podrían ser usadas por las personas que deben pensión alimentaria porque eso les permitiría trabajar.

“Tenemos muchas cosas que analizar todavía, por ejemplo, que los dispositivos podrían usarse pero solo en lugares accesibles para poder ser monitoreados de forma efectiva, pero lo importante es que el proyecto ya va caminando”, aseguró Viales.

Por su parte la diputada Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional y quien también integra la Comisión de Seguridad, dice que ella apoyaría sin dudarlo la puesta en práctica de las alarmas por medio de esos aparatos.

“En muchos casos los agresores irrespetan las medidas cautelares que les imponen los jueces y buscan a la mujer hasta que la matan. Esta medida podría ayudar a salvar vidas porque si el agresor se acerca a la mujer ella sería alertada para que pueda llamar a la policía o a alguien que la ayude.

“Imagine las noches en vela que pasan las víctimas de violencia por el miedo que sienten de que las sorprendan mientras duerme, si trajéramos esto al país las mujeres que denuncien ser víctimas de violencia doméstica tendrían paz”, dijo la legisladora.

Pese a su posición Volio reconoce que antes de pensar en modificar la ley, deben corregirse algunas cosas que actualmente funcionan mal con las tobilleras electrónicas.

“Ha fallado el Ministerio de Justicia, ha fallado también la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, se agotan los dispositivos, se dañan, se dan problemas de monitoreo y lo único que hacen esas dos instituciones es tirarse la pelota.

“Podría analizarse la posibilidad de concesionar ese servicio porque si seguimos así la medida no tendría los efectos necesarios, es como vivir en la edad media”, opinó.

Las estadísticas judiciales indican que en lo que va del año en el territorio nacional se han dado once femicidios. En el 2018 se dieron 26 y en el 2017 se dieron también 26.

La Policía Judicial registró durante el año pasado diez condenas contra hombres por matar a sus compañeras sentimentales o exparejas; en el 2017 los sujetos condenados por estos crímenes fueron solo cuatro, mientras que en el 2016 también fueron diez.