El gremio de médicos y estudiantes de medicina se manifestó frente a la Asamblea Legislativa, en San José, en contra de un proyecto de ley que consideran atenta contra sus derechos laborales y profesionales.
“Están atribuyendo la falta de especialistas a cosas que no tienen sentido; por ejemplo, que el médico trabaje siete años, cuando ya están estipulados tres años de retribución social (obligación contractual de trabajar para la institución tras finalizar la especialidad), y nos parece un atropello a los derechos de los médicos, porque no pueden ejercer su autonomía”, señalaron.
“Luego se les está dando mucho privilegio a los médicos de afuera sin siquiera ponerles un filtro. A nosotros nos hacen pasar por exámenes para poder ejercer, mientras que a ellos no; se les invita a venir a Costa Rica a ejercer sin pasar por ningún filtro”, detalló Steven Valenciano, de 24 años, estudiante de medicina de la UCR, vecino de Cartago.
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Qué plantea el proyecto de ley
El proyecto de ley 24.015, denominado Fortalecimiento de la Salud Pública, fue propuesto por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y, según los diputados, busca garantizar más especialistas y reducir las listas de espera sin afectar la calidad de la atención en salud.
La iniciativa pretende mejorar la atención de los costarricenses que actualmente se encuentran en listas de espera.
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Respuesta del PUSC
“Es falso que este proyecto impida a los médicos ejercer durante la retribución social. Esta se realiza trabajando como médico especialista y de forma remunerada. Lo que se busca es que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pueda recuperar de forma proporcional la inversión pública que hace al formar especialistas en este país, la cual puede rondar los 300 millones de colones por especialista”, detalló la diputada María Marta Carballo.
Agregaron que el proyecto aplica únicamente hacia el futuro, por lo que no vulnera derechos adquiridos ni condiciones contractuales actuales.
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“En cuanto al concepto de inopia, debe aclararse que se trata de una herramienta de última instancia, que solo se aplicaría si las medidas principales del proyecto —como la ampliación de la formación de especialistas, el aumento de plazas en zonas rurales, la eliminación de cuellos de botella y contratos de retribución adecuados— no logran equilibrar la oferta y la demanda. Aun en ese escenario, la inopia permitiría únicamente la contratación de personal calificado de países miembros de la OCDE, organización de la cual Costa Rica forma parte”, indicó la fracción del PUSC mediante un comunicado.

