El fiestón de las estafas desde la cárcel, usando celulares, se terminará en nueve meses. La situación, que ha sido un verdadero parto, empezará a arreglarse gracias a que el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó este jueves la ley que bloqueará la señal en las prisiones.

Se trata de un cambio en la Ley General de Telecomunicaciones que obliga a las empresas de telefonía celular a tomar las medidas necesarias para bloquear la señal en todas las cárceles del país, en un plazo máximo de nueve meses, sin afectar a las personas que viven cerca de los centros penitenciarios.

El mandatario anunció, muy optimista, que ahora los privados de libertad ya no van a poder estafar a los ciudadanos por medio de llamadas, entre otros delitos.

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“Esto es de suma importancia porque muchos de los crímenes se planifican vía teléfono celular desde las cárceles. Agradezco a los diputados por darnos esta herramienta para proteger de mejor manera a los y las ciudadanas”, expresó Alvarado.

Por su parte Michael Soto, ministro de Seguridad, se mostró muy complacido con la medida, ya que asegura que este cambio en la ley debió darse desde hace tiempo.

“Señores diputados,ustedes no se imaginan la cantidad de vidas que están salvando, la cantidad de delitos que están evitando, la cantidad de bandas que se van a a ver impedidas de ordenar secuestros y ajusticiamientos. Durante mucho tiempo abogamos porque esta legislación fuera aprobada y lo estamos logrando en este momento”, recalcó Soto.

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Plan en marcha

El ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar, contó que ya se han estado reuniendo con las empresas de telecomunicaciones para armar el plan de vuelo que les permita cumplir con la nueva ley.

Salazar espera que ya, para la próxima semana, se establezca un cronograma para efectuar las acciones necesarias. El jerarca dijo que se tienen que tomar en cuenta muchos factores, ya que todas las prisiones tienen necesidades distintas como la infraestructura, por lo que casa caso debe ser tratado por aparte.

La idea es que el bloqueo no afecte a las personas que viven cerca de las cárceles, situación que se dio años atrás cuando hubo un intento por bloquear la señal celular en la La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

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Además, se analiza que pasará con los celulares de los funcionarios administrativos y de los policías penitenciarios, ya que ellos se verían perjudicados al estar incomunicados en sus horas laborales.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), del 2014 al 2016, se dieron 613 delitos de timos y 354 de estafa por llamadas salidas desde las cárceles. Esto a pesar de que en los últimos años la Policía Penitenciaria aumentó los procedimientos y requisas para decomisar teléfonos celulares, se pasó de 3.268 aparatos decomisados en el 2015 a 3.589 en el 2017.