EscucharLa justicia española ha dado un paso decisivo contra la gestión de eventos en el estadio del Real Madrid.
La magistrada a cargo del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha emitido un auto donde propone llevar a juicio a la entidad deportiva y a su administrador principal.
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La decisión surge tras detectar posibles evidencias de un delito medioambiental vinculado a la contaminación acústica generada durante las presentaciones musicales realizadas entre abril y septiembre del año pasado.
Indicios de contaminación acústica en la capital
De acuerdo con la resolución judicial, existen señales claras de que el Santiago Bernabéu operó fuera de los márgenes permitidos por la legislación local.
La investigación apunta a que todos los espectáculos programados en dicho periodo sobrepasaron los decibelios autorizados. Estos hechos provocaron que el ayuntamiento de Madrid abriera múltiples procesos de sanción contra las empresas promotoras, con multas que alcanzaron cifras superiores a los 140.000 euros en los casos más graves.
La jueza determinó que la sociedad que explota el recinto, vinculada directamente al Real Madrid, formalizó acuerdos con organizadores de eventos a pesar de que la estructura no lograba contener el sonido de forma adecuada.
Durante el proceso de instrucción, se recopilaron informes de la Policía Municipal y registros de llamadas de ciudadanos que alertaban sobre el impacto del estruendo en sus viviendas cercanas al coliseo blanco.
El reclamo de los residentes y la licencia urbanística
La controversia escaló tras la denuncia interpuesta por una organización de residentes afectados, quienes sostienen que la remodelación del estadio no contempló medidas de insonorización suficientes.
Según los querellantes, la autorización otorgada originalmente al Real Madrid en 2019 estaba enfocada exclusivamente en la práctica deportiva y no en el uso del inmueble para festivales masivos.
Esto implicaría que cada evento musical debió contar con una supervisión técnica específica que evitara el delito medioambiental.
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Pese a que el consistorio ha impuesto sanciones económicas, los vecinos consideran que dichas medidas han sido insuficientes para frenar el problema.
Por su parte, el juzgado ha aclarado que no evaluará la actuación administrativa del ayuntamiento, sino que se centrará en la responsabilidad penal de los gestores del estadio. Ahora, la fiscalía y los afectados disponen de un plazo para solicitar formalmente la apertura de la vista oral o el cierre definitivo de la causa.
*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.
