EscucharSi usted es de las personas que piensan que en el momento en que se descubra que un diputado está cometiendo actos de corrupción debería ser despedido, esta noticia le va a gustar mucho.
La diputada independiente Kattia Cambronero Aguiluz, en conjunto con otros legisladores, presentó un proyecto de ley titulado “Reforma legislativa y responsabilidad política: hacia un procedimiento eficaz de remoción de diputados en Costa Rica”.
La propuesta, que también contó con el acompañamiento del medio de comunicación Delfino.cr, tiene como fin hacer operativo el artículo 112 de la Constitución Política, creando un mecanismo claro y oportuno para que un congresista pierda su credencial en casos de violación grave al deber de probidad.
Según el diagnóstico del proyecto, la ausencia de este procedimiento ha alimentado la percepción de impunidad en el Congreso.
¿Qué propone la reforma para sancionar a los legisladores?
El proyecto establece una ruta administrativa y política para garantizar que las faltas graves no queden sin castigo, manteniendo el debido proceso:
- Instancia instructora: Se crearía una comisión especial en el plenario, integrada de forma proporcional por las fracciones, para investigar cada expediente.
- Levantamiento de inmunidad: Define el trámite necesario para habilitar investigaciones formales cuando sea requerido.
- Participación técnica: La Contraloría General de la República y la Procuraduría podrán intervenir en casos que afecten la Hacienda Pública.
- Rol del TSE: El expediente final se remitiría al Tribunal Supremo de Elecciones para que resuelva la cancelación definitiva de las credenciales.
- Sanciones graduadas: El régimen contempla desde amonestaciones públicas y suspensiones hasta la pérdida definitiva del cargo.
El “reto por la transparencia”
Durante la presentación de la iniciativa, diversas candidaturas a diputaciones para el próximo periodo asumieron el compromiso voluntario de impulsar este proyecto una vez que resulten electas. Entre los firmantes destacan figuras del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio, Liberación Nacional (PLN) y la Coalición Agenda Ciudadana.
“La inmunidad no puede confundirse con impunidad. Este proyecto establece un camino claro para responder cuando se viola el deber de probidad”, explicó Mauricio Ondoy, abogado redactor de la propuesta.
Por su parte, la diputada Cambronero enfatizó que sin reglas funcionales, las normas constitucionales se vuelven meramente “simbólicas”.
