El Tribunal Penal que tuvo a cargo el juicio contra el creador de contenido Diego Bravo dictó sentencia este miércoles 11 de noviembre y explicó cuáles fueron los argumentos que tomó en cuenta para absolver al acusado de los 15 delitos de difamación e injuria que le atribuían Mauricio Hoffmann y María José Ulate.
La decisión fue tomada por unanimidad de votos y se basó, principalmente, en que los jueces no encontraron que las expresiones utilizadas por Bravo en los videos denunciados reunieran los elementos necesarios para constituir los delitos que le señalaban sus querellantes.
Durante la lectura de los fundamentos, el presidente del tribunal explicó que, en materia penal, los jueces tienen la obligación de analizar cada uno de los hechos y las pruebas, pero también deben determinar si esas conductas se ajustan a un delito tipificado en la legislación.
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Esto significa que la conducta atribuida al acusado debe coincidir claramente con la descripción de un delito que establece la ley.
El presidente del tribunal explicó: “A pesar de que los hechos y la prueba, que fue debidamente admitida por el Tribunal para su conocimiento, fueron valorados, el tribunal determina que el contenido del mensaje emitido en todos y cada uno de esos videos no contempla ni reviste los suficientes elementos para poder cumplir con el primer análisis de la materia, que es que debe ajustarse a un criterio de tipicidad”.
Además, los jueces consideraron que los adjetivos y calificativos utilizados por Bravo en sus publicaciones no alcanzaban, por sí mismos, un carácter difamatorio o injurioso desde el punto de vista penal.
La condición de comunicador y las críticas a figuras públicas
Otro de los aspectos que valoró el tribunal fue la naturaleza del contenido que produce Diego Bravo y el público al que se dirige.
El presidente explicó que, aunque Bravo no se presenta como periodista, sí se le reconoce su condición de comunicador, pues sus plataformas están dirigidas a personas interesadas en noticias de entretenimiento, acontecimientos y contenidos relacionados con figuras públicas.
A partir de ese análisis, los jueces señalaron que las personas que adquieren notoriedad pública también quedan expuestas a recibir críticas, sátiras y burlas.
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El juzgador hizo énfasis en que una opinión puede resultar severa, desacertada o incluso desagradable, pero eso no permite concluir automáticamente que existe una intención de difamar o injuriar.
Es decir, para que una expresión pueda convertirse en un delito contra el honor no basta con que resulte incómoda o molesta para quien la recibe. Deben existir los elementos que permitan establecer que se cometió una conducta penalmente reprochable.
Por eso, el tribunal no encontró acreditado que los videos de Bravo tuvieran el alcance difamatorio o injurioso que sostenían Hoffmann y Ulate.
¿Qué pasó con los ¢10 millones que reclamaban?
La absolución también tuvo consecuencias sobre la demanda civil presentada por los querellantes, quienes solicitaban ¢5 millones cada uno, para un total de ¢10 millones.
Sobre este punto, el presidente del tribunal explicó que para reconocer una responsabilidad civil era necesario acreditar tres elementos: la existencia de un hecho punible, un daño y una relación de causalidad entre ambos.
Como el tribunal no tuvo por acreditado el primero de esos requisitos, consideró que no podía continuar con el análisis de los otros elementos.
Por esa razón, declaró sin lugar la acción civil resarcitoria y estableció que Diego Bravo no tenía responsabilidad civil frente a los dos querellantes.
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Sin embargo, los jueces hicieron una aclaración sobre las costas. Aunque rechazaron la demanda económica, eximieron a Hoffmann y Ulate de pagar las costas personales y procesales de esa acción, porque consideraron que acudieron a los tribunales de buena fe y tenían razones legítimas para presentar sus reclamos.
Por eso cada uno deberá asumir los gastos de su propia representación legal, mientras que las costas del proceso penal quedaron a cargo del Estado costarricense.
El tribunal anunció que la sentencia integral, con el desarrollo completo de los fundamentos jurídicos, estará disponible el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 4 p.m.
