Los abogados de María José Ulate y Mauricio Hoffmann expusieron este jueves 5 de noviembre ante el Tribunal los argumentos por los que consideran que el youtuber Diego Bravo debe ser condenado por las publicaciones y expresiones que hizo sobre sus representados.
Durante las conclusiones, Rafael Ángel Rodríguez, abogado encargado de la querella, pidió que se le imponga la pena máxima por los 15 delitos que le atribuyen al creador de contenido: siete por injuria y ocho por difamación. Además, defendió las pruebas presentadas durante el juicio y aseguró que el hecho de que algunos videos hayan desaparecido de las plataformas digitales no significa que hayan perdido su valor, pues, según explicó, cuentan con respaldos y otros elementos que permiten acceder a ese material.
Rodríguez también cuestionó que Bravo continuara haciendo publicaciones sobre Ulate y Hoffmann, pese a que, según la posición de la parte querellante, pudo detenerse cuando se le mandó una notificación que ya no los mencionará más. El abogado sostuvo que la libertad de expresión no puede utilizarse como justificación para deshonrar a otras personas.
Piden condena por costas
Por su parte, Jason Garro, abogado responsable de la acción civil resarcitoria, expuso por qué considera que las publicaciones provocaron daños morales a ambos clientes y solicitó que se condene a Bravo a pagarles un total de 10 millones de colones: cinco millones para Majo y otros cinco millones para Mauricio. También pidió que se le impongan las costas correspondientes.
Garro rechazó los argumentos con los que, a su criterio, la defensa intentó justificar las actuaciones del youtuber. Entre ellos, mencionó la idea de que las figuras públicas deben soportar cualquier tipo de comentario, que Bravo únicamente habría repetido información publicada por otros medios o páginas y que algunos apodos utilizados para referirse a Ulate ya circulaban en redes sociales.
Para el abogado, ninguna de esas circunstancias elimina la responsabilidad por el daño que, según sostiene, sufrieron sus representados. Insistió en que la libertad de expresión y el uso de las redes sociales no dan permiso para ofender, ridiculizar o afectar la honra de otras personas.
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También defendió el material probatorio presentado durante el proceso. Según explicó, aportaron videos, documentos y enlaces que permitían revisar las publicaciones cuestionadas. Afirmó que ese contenido tuvo alcance en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, por lo que, desde su perspectiva, la exposición y los comentarios de los usuarios aumentaron el impacto sobre Majo y Mauricio.
Garro aseguró que ambos habían pedido que se detuvieran o retiraran algunas publicaciones, pero que Bravo habría respondido de manera burlesca y se habría negado a hacerlo. Además, sostuvo que el youtuber, posteriormente, eliminó videos, aunque eso no borraba las pruebas que ya habían sido recopiladas.
En cuanto a las consecuencias, el abogado describió el impacto que, según la parte civil, vivió cada uno. En el caso de Majo, habló de humillación, ansiedad y cambios en su comportamiento, como limitar sus publicaciones en redes sociales y sus salidas sociales. Sobre Hoffmann, señaló afectaciones a su reputación, su trabajo y su vida familiar.
Los representantes legales de Ulate y Hoffmann consideran que las pruebas respaldan sus reclamos y que corresponde una condenatoria. Sin embargo, las solicitudes de pena y de indemnización forman parte de las conclusiones de la parte acusatoria, la otra semana procederá la defensa de Bravo y después el Tribunal definirá cuándo dictará sentencia.
