El creador de contenido Diego Bravo podría enfrentar consecuencias judiciales y económicas si el tribunal lo encuentra culpable de los 15 delitos contra el honor que le atribuyen Majo Ulate y Mauricio Hoffmann. Sin embargo, una de las principales dudas que han surgido alrededor del juicio es si el influencer podría terminar en la cárcel.
La Teja conversó con el abogado Rafael Ángel Rodríguez, representante de los querellantes, para conocer qué significan los 180 días multa y la pena máxima que están solicitando contra Bravo, así como las implicaciones que tendría una eventual sentencia condenatoria.
Lo primero que aclaró el abogado es que los días multa no equivalen a días de prisión, sino que corresponden a una sanción económica cuya cuantía establece el tribunal tomando en cuenta la situación financiera de la persona condenada.
“Cuando solicitamos la pena máxima, estamos pidiendo al tribunal que, si encuentra responsable penalmente al querellado, no imponga la sanción mínima, sino la máxima que establece la ley, considerando la gravedad de los hechos, su reiteración y las circunstancias en que se produjeron”, explicó.
Rodríguez detalló que el delito de difamación está sancionado con una pena de entre 20 y 60 días multa. En este caso, al tratarse de 15 hechos delictivos atribuidos a Bravo y que habrían afectado a dos personas distintas, la representación de los demandantes considera que corresponde aplicar las reglas del concurso material de delitos.
Según explicó, el artículo 76 del Código Penal establece un límite del triple de la pena mayor. Por eso, si se impusieran 60 días multa por cada delito, la sanción resultante sería de 180 días multa.
¿Podría ir a prisión si no paga?
El abogado de la pareja fue claro en que los delitos contra el honor que se discuten en este proceso no contemplan la cárcel como pena principal.
Sin embargo, señaló que la legislación sí establece consecuencias cuando una persona condenada tiene capacidad económica para pagar la multa y se niega a hacerlo.
Es decir, los 180 días multa que están solicitando no significan que Diego Bravo tendría que pasar esa cantidad de días en prisión si es declarado culpable, aunque el incumplimiento de una multa puede tener otras consecuencias legales.
Rodríguez también explicó que una eventual sentencia condenatoria firme tendría consecuencias jurídicas propias de una condena penal, incluido el registro correspondiente conforme a la normativa aplicable.
Eso sí, aclaró que una condena no significa que automáticamente la persona pierda todos sus beneficios o derechos, pues cualquier consecuencia adicional dependerá de las circunstancias particulares y de lo que establezca la ley.
Por otra parte, el abogado recordó que también está la acción civil resarcitoria, mediante la cual Majo y Mauricio reclaman ₡10 millones en total, ₡5 millones para cada uno.
Sobre este punto, explicó que si el Tribunal determina un monto que debe pagarse, la obligación puede ejecutarse judicialmente y se pueden realizar embargos de bienes y cuentas bancarias para hacer efectivo el pago.
Rodríguez insistió en que la intención de sus representados va más allá de una sanción económica.
“Lo que buscamos es que se reconozca que el honor y la dignidad de las personas merecen protección, independientemente de que sean figuras públicas”, manifestó.
El defensor también señaló que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero que tiene límites cuando se utiliza para lesionar ilegítimamente el honor de otras personas.
En sus conclusiones, Rodríguez insistió en que el creador de contenido llamó en reiteradas ocasiones a Ulate con apodos, insultos y términos peyorativos en sus videos.
“Es importante que consideremos que un ejercicio de la libertad de expresión, un ejercicio del poder transmitir en redes, un ejercicio del poder publicar, no da bien a generar ofensas, afectaciones y burlas a las personas”, dijo el abogado en sus conclusiones este jueves.
Este debate se reanudará el martes 10 de noviembre, a las 1:30 p.m., con las conclusiones del abogado Randall Céspedes, defensor de Bravo, y después el Tribunal determinará el día de la sentencia.
