En los últimos meses se ha dado una fuerte discusión en la Asamblea Legislativa en el análisis de tres proyectos de ley que tienen como fin adelantar la entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
Uno de los proyectos es impulsado por la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio; otro por el liberacionista Óscar Izquierdo, y el tercero por la oficialista Ada Acuña.
Muchas personas que están próximas a pensionarse están deseando que se apruebe alguna de las iniciativas para obtener el dinero más rápido.
También cambiaría la forma de recibir el ROP de quienes ya se jubilaron
Ante la actual discusión surgen dudas importantes: ¿Qué pasaría con quienes ya se jubilaron? ¿El cambio modificaría también la forma en la que ellos reciben el ROP?
Para contestar esas dudas, conversamos con Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional (UNA), quien explicó los escenarios de los tres proyectos de ley.
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“Las propuestas de Rocío Alfaro y de Óscar Izquierdo son muy similares; lo único que las diferencia es la fecha de corte que permitiría el retiro. En el caso de la de Rocío Alfaro, la fecha de corte es el 2029, mientras que en el de Óscar Izquierdo es el 2031. La propuesta de ambos proyectos es el retiro adelantado del ROP en tractos acelerados, ya sea por 24 o 36 meses.
“En el caso de los actuales pensionados, la propuesta de ley establece que podrán retirar la totalidad del ROP en esos mismos tractos, permaneciendo la pensión del ROP durante ese proceso; es decir, entregándoles lo que ya se les da mensualmente, proporcional a su inversión, y entregándoles el capital y lo que este genere durante los siguientes dos años, en tractos”, explicó.
Menor impacto en la economía
El experto señala que esa forma de entregar el ROP a quienes ya están pensionados buscaría que no haya un impacto en la economía.
“En el cálculo que se ha hecho en relación a lo que implicarían las propuestas de Rocío Alfaro y de Óscar Izquierdo, se está hablando de unos 83.000 pensionados, más las personas que se pensionen entre el 2026 y el 2030.
“Esto es un retiro equivalente a aproximadamente dos puntos porcentuales del PIB (Producto Interno Bruto), algo como 1,1 billones de colones, y es aproximadamente un 7,58% de los fondos que actualmente tienen las operadoras.
“Pareciera mucho dinero, pero visto desde la perspectiva promedio por pensionado, se está hablando de menos de 10 millones y en tractos, de tal manera que el efecto macroeconómico prácticamente es insignificante en inflación, en tasas de interés y en tipo de cambio”, detalló el economista.
Vargas dice que ve menos viable la iniciativa de Ada Acuña porque tiene roces con el tema del Régimen de Invalidez de Vejez y Muerte (IVM) y eso genera la posibilidad de que la aprobación del texto tenga vicios de inconstitucionalidad.
El proyecto de la oficialista detalla que cuando la tasa de reemplazo otorgada por la pensión de los distintos regímenes sea superior al 52,5% del salario de referencia, el jubilado podría retirar todo el ROP y sus rendimientos en un plazo máximo de seis meses, contabilizados a partir de la solicitud.
Ese mismo proyecto plantea también la posibilidad de que el solicitante del ROP reciba retiros programados, según el plazo que elija (24, 36, 60, 120 o 180 meses).



