A partir del próximo 1 de enero de 2027, más de 14.000 personas en condición de refugio, solicitantes de asilo y quienes no tienen nacionalidad dejarán de contar con la cobertura médica que recibían en Costa Rica.
Esto sucederá luego de confirmarse el cierre definitivo del convenio de aseguramiento colectivo firmado entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el cual llega a su fin debido a la falta de plata.
La decisión golpeará directamente a una población en situación de enorme vulnerabilidad socioeconómica y sanitaria.
LEA MÁS: Las imágenes de la fiesta navideña que llenó de luz a San Joaquín de Flores.
De acuerdo con cifras de ACNUR, alrededor de 8.400 beneficiarios tienen entre 18 y 50 años y padecen enfermedades crónicas o graves que requieren continuidad en sus tratamientos y que, además, les dificultan el acceso a un empleo formal. Asimismo, 9.380 de estos 14.000 asegurados corresponden a mujeres y 4.620 a hombres.
El programa nació como un plan piloto en 2019 y, un año después, recibió reconocimiento internacional como una buena práctica de protección social.
Entre 2020 y 2026, el organismo internacional inyectó más de $11,5 millones (unos 5.100 millones de colones) para respaldar este convenio temporal de salud.
LEA MÁS: Teletón 2026 no alcanzó la meta, pero aún se puede seguir colaborando
Pese al cierre, el gerente financiero de la CCSS, Eithel Corea Baltodano, destacó el valor de esta alianza interinstitucional, subrayando que durante siete años esta alianza permitió garantizar atención médica oportuna y proteger la calidad de vida de miles de personas que hoy enfrentan una realidad de enorme incertidumbre sanitaria ante la pérdida de su seguro.

