EscucharLa violencia, el narcotráfico y el crimen organizado ya ingresaron a los centros educativos y tienen en jaque e indefensos a los educadores y trabajadores administrativos.
Rocío Solís, exviceministra Académica del Ministerio de Educación Pública (MEP), era quien se encargaba de analizar ese tipo de temas y contó a La Teja que estos problemas son más frecuentes y serios de lo que se cree y ya sobrepasaron a la institución.
Ella dice que mientras trabajó en el MEP conoció casos de amenazas y hasta ataques contra educadores a los que criminales seguían hasta sus casas para atemorizarlos.
“Tuvimos muchísimas situaciones de los docentes. Ellos acudían a nosotros para que los ayudáramos ante situaciones de amenazas, algunas hasta de muerte. Los delincuentes les decían que cuando salieran de la institución los iban a estar esperando y los iban a matar.
“También conocí situaciones de educadores a los que les quemaron el carro o los golpeaban. A muchos los llegaban a buscar a la casa para amenazarlos; les decían que si ponían una denuncia contra ellos, los iban a matar a ellos o a sus familiares”, manifestó Solís.
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Viven con temor y eso afecta sus labores
La exfuncionaria dice que tanto en aquel momento como ahora el temor se apodera de los educadores y eso les afecta en sus labores diarias.
“Los docentes están asustados, ellos conocen muy bien el ámbito, la comunidad, los lugares donde sabemos que se dan este tipo de situaciones. Los docentes muchas veces están amenazados, o saben que pueden ser víctimas fáciles de este tipo de situaciones”.
Es común escuchar en las calles o leer en las redes sociales críticas a los educadores cuando se habla de denuncias de casos de bullying, violencia en centros educativos, peleas entre estudiantes, cobro de peajes en colegios, entre otros temas. La gente dice que los profesores no hacen nada, pero es que muchas veces los estudiantes involucrados en esas situaciones son cercanos a criminales y narcos.
“Es muy fácil decir que no hacen nada, pero es que están cuidando su vida. Están lidiando con bandas donde la vida humana no vale nada. ¿Qué va a hacer un docente solo contra una estructura criminal que tiene todo el poder en la zona?”, asegura la exfuncionaria.
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Hay que aceptar el problema y enfrentarlo
Solís dice que ella muchas veces puso el tema sobre la mesa alertando de la situación, pero muchos jerarcas preferían decir que esas cosas no pasaban en el sistema educativo, cuando está claro que sí.
Asegura que desde hace ocho años, ella detectó “picos” de violencia en ciertas zonas, pero los mismos directores regionales de educación se molestaban cuando ella daba la alerta.
“No querían poner de manifiesto que estaban en peligro porque decían que se iba a ‘desvalorizar’ el centro educativo o la región. Negaron el problema por años para no sentirse estigmatizados y hoy tenemos la situación gravísima que estamos viviendo”, expresó.
Protección para los educadores
La exviceministra asegura que durante su gestión, cuando le llegaban reportes de ataques y amenazas contra educadores, en ocasiones tuvo que hacer coordinaciones para que estas personas entraran al programa de víctimas y testigos del Poder Judicial y los cambiaron de centro educativo para protegerlos.
Sin embargo, reconoce que el problema de violencia es tan grande que no basta con eso.
“Aquí estamos ante una problemática gravísima y esto no lo arregla el Ministerio de Educación Pública como tal o lo interno, sino que eso tiene que ser un abordaje a nivel interinstitucional y con muchas instancias porque el MEP no está capacitado para eso.
“Y esa no es una función del MEP. La institución tiene a su cargo lo que es la educación y la parte preventiva, pero este otro tema debe abordarse en conjunto con el OIJ, con Fuerza Pública, con el Ministerio de Justicia, con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), con muchas instancias, porque el MEP solo, ante estas situaciones, no puede.
¿Estamos a tiempo de evitar una tragedia?
Solís es clara: ya nos agarró tarde, pero aún se puede actuar si se deja de ver el problema como algo exclusivo del MEP. La solución, para ella, es el trabajo conjunto y urgente entre todas las instituciones del Estado involucradas en el tema.
“Recuerdo cuando se dio la primera introducción de armas a un centro educativo. Actuamos de inmediato y se formuló el protocolo de la revisión de bultos a la que le pusieron un recurso de amparo; eso fue en el 2003.
“Nos pusieron recurso de amparo, pero nosotros ganamos el recurso de amparo y se dio toda una serie de cosas. Un ministro llegó furioso y dijo que eso era una barbaridad y que la revisión de bultos no se debería dar porque en el MEP no pasaban ese tipo de cosas y que eso era una exageración, pero hoy vemos que no era ninguna exageración”, aseguró Solís.
La Teja consultó al MEP si tiene el reporte de casos recientes de educadores amenazados o atacados por criminales y qué protocolos o procedimientos tienen al respecto.
También contactamos al ministro de Seguridad, Mario Zamora, para consultarle si ha tenido acercamientos con el MEP para tratar el tema. Estamos a la espera de las dos respuestas.
