La diputada oficialista Pilar Cisneros fue una de las testigos de la extradición del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública Celso Gamboa.
Este hito fue muy importante para la legisladora, pues ella fue la que abrió las puertas para que personas costarricenses sean extraditados a otros países por delitos de narcotráfico y terrorismo.
Cisneros madrugó para presenciar este hecho histórico para el país. A las 6:00 a.m. ya estaba frente a la pantalla para ver el proceso de extradición del exmagistrado.
Ella vio la transmisión de Repretel por medio de YouTube y luego tuvo varias entrevistas con diferentes medios.
La diputada se sintió satisfecha al ver a Celso Gamboa y a Edwin López, alias Pecho de Rata, subiéndose al avión que los va a llevó hacia Estados Unidos, donde serán juzgados.
“Es algo sumamente satisfactorio para el país porque esto es un antes y un después para los costarricenses que se quieren meter en las grandes ligas del narcotráfico y el crimen organizado”, dijo Cisneros.
“Si hay algo que le tienen pánico los narcotraficantes es ser extraditados a algún país como Estados Unidos o alguno de Europa, donde las medidas de seguridad son absolutamente estrictas y donde es prácticamente imposible lograr lo que hicieron Pablo Escobar, ‘El Chapo’ Guzmán o ‘Fito’ Macías de fugarse de las cárceles”, añadió.
Una extradición significativa
La legisladora oficialista calificó la extradición de Celso Gamboa como un hecho significativo, pues era una figura política y judicial muy importante en el país.
“No es cualquier persona ni un narcotraficante, sino que es una persona que ha tenido posiciones de poder justamente donde se combate la delincuencia y el narcotráfico”, comentó.
“Me parece sumamente importante que el primer extraditado haya sido Celso Gamboa porque es una figura de mucho poder político que al final se pasó al bando de los malos y logró tener un negocio muy lucrativo”, añadió.
El exmagistrado enfrentará en Estados Unidos delitos de conspiración, fabricación y distribución de droga.
Cisneros señaló que si Gamboa coopera con las autoridades estadounidenses, podrían reducirle la pena.
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“Es un hombre joven y creo que va a querer denunciar a la gente que lo ayudaba a él, que eran parte de su red, con tal de conseguir una reducción en la pena. No creo que quiera pasar el resto de su vida en una cárcel”, dijo.
“No los queremos aquí”
La diputada envió un contundente mensaje a los narcotraficantes a raíz de la extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata.
Ella dio una simple, pero fuerte frase: “No los queremos aquí”.
“Vamos a luchar con todas las armas legales y constitucionales posibles contra ustedes. Este gobierno se lo toma muy en serio con medidas contundentes como la cárcel de alta contención, los escáneres y la ley de narcotráfico”, dijo.
Además, Cisneros mencionó que quedan pendientes 15 solicitudes de extradición de personas vinculadas al narcotráfico y pidió a las autoridades judiciales agilizar el proceso para que sean enviados a los países donde son requeridos.
Histórica reforma constitucional
El año pasado ocurrió un hecho histórico: se reformó un artículo de la Constitución Política para permitir la extradición de nacionales por delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo.
Un total de 45 diputados votaron de forma unánime a favor de la reforma, abriéndole puertas a otros Estados para que soliciten la extradición de costarricenses, tal y como lo hizo Estados Unidos con Celso Gamboa y alias Pecho de Rata.
Esta reforma fue impulsada por Pilar Cisneros, que buscaba cambiar de forma parcial el artículo 32. El nuevo texto quedó de esta forma:
“Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia, con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución”.
El proceso para aprobar el proyecto número 23.701 no fue fácil, pues hubo cinco debates. Cabe mencionar que este proyecto fue presentado en 2023, es decir, se tomó dos años para que la extradición de nacionales a otros países fuera una realidad.
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