La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) retirar la publicidad colocada en los postes del alumbrado público, pues está prohibida su colocación.
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Las autoridades realizaron una investigación tras una denuncia ciudadana, en la cual determinaron que no solo está prohibido por el marco jurídico vigente, exactamente el artículo 30 de la Ley de Construcciones, sino también porque atenta contra la seguridad vial y la protección de los bienes de dominio público.
Además, dos vallas publicitarias fueron instaladas de forma ilegal en terrenos del Estado, una en el Parque del Agricultor y otra en el Centro de Conservación Santa Ana, por lo que la CGR solicitó su demolición e imposición de sanciones por irrespetar la normativa.
“Instalar publicidad en el alumbrado público que está ubicado en el derecho de vía, no solo iría en contra del propósito esencial de la normativa vigente que busca salvaguardar la seguridad y el orden en el uso del espacio público, sino que además pondría en riesgo la seguridad vial, al introducir elementos no autorizados que podrían distraer u obstaculizar la visibilidad al conducir, interferir con señales reglamentarias, y la posibilidad de desprendimiento de banners en ciertas condiciones climáticas que afecten la movilidad o el servicio eléctrico”, detalló el informe de la Contraloría.
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Falta de regulación
La CGR señaló que el MOPT lleva 11 años sin regular las pantallas digitales de publicidad y es inefectivo en sus funciones de control sobre la publicidad exterior.
De hecho, desde el 2013 se conocía la necesidad de la existencia de una regulación para pantallas digitales en las carreteras.
Por eso, como parte de las acciones correctivas, la CGR le solicitó al MOPT que emita normativa que cumpla con los estándares de seguridad y planificación urbana.
“Existe una falta de atención efectiva de funciones por parte del Departamento del MOPT encargado de los asuntos de publicidad exterior, por lo que se ordenó al MOPT elaborar un plan para resolver su capacidad de gestión sobre el tema”, añadió la Contraloría.
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