EscucharLa Defensoría de los Habitantes pegó el grito al cielo por algo grave que sucede con un enorme grupo de pensionados y que los afecta mucho.
La entidad reportó que 45 mil pensionados llevan cinco años sin recibir ningún ajuste por costo de vida, lo que hizo que la Defensoría solicitara a la Asamblea Legislativa la urgente necesidad de promover leyes que permitan revisar el actual modelo de ajuste por costo de vida, aplicable a las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (personas que trabajaron en el sector educación), a fin de garantizar un mecanismo de actualización periódico, técnico y sostenible.
Para la Defensoría, el no ajustar las pensiones por costo de vida trae graves consecuencias para la vida de los jubilados, quienes se enfrentan a una pérdida progresiva del poder adquisitivo, al mismo tiempo que deben enfrentarse al impacto de aumentos en bienes y servicios esenciales como la salud, compra de medicamentos, alimentación y servicios públicos, colocando a esta población en una situación de vulnerabilidad económica.
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Salarios y pensiones congelados
Toda esta problemática se registra ante la decisión de congelar los incrementos salariales por costo de vida, en acatamiento del principio de legalidad y de lo establecido en el artículo 11, título de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Esta ley establece que únicamente sería posible otorgar nuevos aumentos cuando el país alcance un nivel de deuda que permita ampliar el gasto corriente, y solo así podrían autorizarse ajustes por costo de vida tanto para los servidores públicos activos como, consecuentemente, para las personas pensionadas.
Es como una medida de ahorro forzado. Hasta que la deuda de Costa Rica no baje a niveles seguros, los salarios públicos y las pensiones se quedan “congelados” (sin aumentos por inflación), para usar ese dinero en pagar lo que el país debe.
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Una regresión en los derechos sociales y económicos
Para la Defensoría, la falta de aumentos en pensiones por costo de vida constituye una medida regresiva de los derechos sociales y económicos, ya que disminuye la protección económica que se había garantizado y, por ello, cualquier norma regresiva debe ser justificada, proporcionada y, sobre todo, temporal.
Para la entidad, la ausencia de aumentos puede empujar a muchos adultos mayores hacia situaciones de pobreza, pobreza extrema o indigencia.
“Valga la pena indicar que el ajuste de las pensiones es un derecho adquirido por parte de los pensionados, y que el mismo debe responder a criterios no abusivos, sino proporcionales y razonables.
“Si bien el Ministerio de Hacienda, mediante oficio n.° MH-DM-1594-2025, de fecha 13 de octubre de 2025, informó a esta Defensoría que para este año 2026 se realizó una previsión presupuestaria anual en remuneraciones y contribuciones sociales, a fin de cubrir un monto de hasta ¢10.000,00 por concepto de incremento por costo de vida para los salarios de los empleados públicos bajo la modalidad de salarios compuestos; es preciso señalar que dicho aumento no soluciona el problema denunciado", detalló la Defensoría.
Hay un proyecto de ley para subir las pensiones
La Defensoría informó que en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley que pretende reconocer el ajuste por costo de vida a aproximadamente 30.000 personas cuyas pensiones han permanecido congeladas durante los últimos cinco años.
Dicho proyecto fue aprobado por la Comisión de Asuntos Hacendarios y se encuentra a la espera de ser remitido al plenario legislativo en sesiones ordinarias. Urge que se continúe el trámite legislativo.
