EscucharLa Defensoría de los Habitantes notificó oficialmente al Ministerio de Educación Pública (MEP) un informe técnico sobre un tema muy delicado que pone en riesgo a los estudiantes.
Dicho informe es alarmante y pone bajo la lupa el actual modelo de infraestructura escolar en Costa Rica.
“La situación es de extrema urgencia. El curso lectivo 2026 arrancó con 389 centros educativos que tienen órdenes sanitarias vigentes y que ni siquiera cuentan con un proyecto asignado para ser reparados o remodelados. A nivel nacional, el MEP acumula un total de 871 advertencias sanitarias, de las cuales 101 están en ‘categoría roja’, lo que significa que tienen un riesgo inminente de cierre total por poner en peligro la vida de la comunidad escolar”, dice la Defensoría.
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Sistema administrativo está desgastado
Para la entidad, el problema no es solo la falta de planificación y presupuesto, sino también el sistema administrativo.
“Actualmente, el Estado les transfiere dinero a las Juntas de Educación y Administrativas (integradas por vecinos y padres de familia voluntarios) para que ellos se encarguen de contratar ingenieros, constructores y vigilar las obras, cuyos presupuestos, en algunos casos, los superan los miles cientos de millones, por la magnitud de la obra.
“Esta alarmante desconexión provoca que existan miles de millones de colones ‘atrapados’ en las cuentas bancarias de Caja Única, mientras los estudiantes reciben clases en condiciones precarias, en centros educativos en donde los proyectos constructivos se iniciaron en el 2013 o 2015 y que, tras más de una década, los fondos siguen congelados y los proyectos sin terminarse”, informó la Defensoría.
En el informe, la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert, fue contundente al señalar de forma textual la raíz de esta crisis.
“El modelo actual que transfiere fondos con fundamento en la matrícula, a una Junta que ejecuta, está agotado en su forma presente, requiriendo una reingeniería que traslade en un 100% la responsabilidad a la DIEE y profesionalice la gestión de las inversiones sin perder la esencia de la participación comunal, que asume un rol colaborativo, de auditor social como las Juntas de Salud, pero no de responsable del proceso”, detalló.
Urge hacer cambios
En su informe, la Defensoría no solo señaló deficiencias, sino que extendió una ruta para una actuación inmediata del Ministerio de Educación Pública.
- Planificación a largo plazo: El MEP debe diseñar e implementar una Programación Decenal (2026-2035). Esto significa crear un portafolio transparente de inversiones a 10 años que defina con nombre y apellido qué escuela se va a intervenir, cuánto costará, de dónde saldrá el dinero y cuándo se entregará, priorizando los centros con órdenes sanitarias.
- Devolver la responsabilidad al Estado: El MEP debe presentar un programa para quitarle la carga técnica y legal de la construcción y el mantenimiento a las Juntas de Educación. Toda la responsabilidad del ciclo de vida de la infraestructura escolar debe ser asumida exclusivamente por el MEP.
La Defensoría reiteró que el financiamiento del derecho a la educación no puede seguir dependiendo solo de la matrícula del centro educativo, sino que este debe enfocarse en criterios de la calidad misma de la educación y, en este caso de la infraestructura, de la necesidad de generar un entorno seguro, limpio y digno acorde al modelo educativo.
