Este jueves 5 de noviembre, los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2027, el cual es de ¢12,4 billones.
La votación quedó 31 a 23. El presupuesto contó con el voto positivo de los diputados oficialistas, mientras que los opositores votaron en contra porque se rechazan a los recortes que tiene para sectores sensibles como educación, salud, seguridad, entre otros.
Durante el trámite de este proyecto en la Comisión de Asuntos Hacendarios se hicieron reacomodos por más de ¢313.000 millones.
Para la oposición, esto refleja una deficiente planificación del Ministerio de Hacienda, ya que tuvieron que mover a la carrera casi un 2,5% de toda la plata del presupuesto que presentaron hace poco más de un mes.
Recorte a la educación pública
Uno de los recortes más fuertes se lo llevaron las universidades públicas. A estas instituciones les recortaron ¢8.000 millones de unos recursos postergados que se habían acordado con el Poder Ejecutivo el año pasado.
Esa plata ahora se va a pasar a Jupema, para tapar un hueco que hay en las pensiones de los educadores. El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y presidente de la comisión, Nogui Acosta, dijo que esto era para “rescatar” fondos.
Además, le quitaron ¢2.250 millones al Lanamme-UCR (los expertos que revisan las calles) para pasárselos a Dinadeco para comprar vehículos. Según Acosta, a las universidades “les sobraban recursos”.
Plata congelada al Poder Judicial
El tema de la seguridad es de los que más preocupa. Los diputados del oficialismo lograron mantener unas normas presupuestarias para congelar casi ¢30.000 millones al Poder Judicial, lo que representa un 5% de su presupuesto (que ya venía con otra rebaja de ¢10.000 millones).
Acosta justificó la medida diciendo que es la única forma de que el Poder Judicial “rinda cuentas sobre sus gastos en el 2027”.
Sin embargo, los diputados del Frente Amplio, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana pegaron el grito al cielo. Ellos cuestionan que este condicionamiento es una “cruzada” del oficialismo contra la Corte.
Incluso, los legisladores del bloque democrático presentaron consultas anta la Sala Constitucional para ver si el recorte a las universidades y la retención de fondos al Poder Judicial son legales.
Movidas de plata en el sector social y otros ministerios
Para intentar tapar otros huecos, los legisladores agarraron ¢250.000 millones del sector social y los repartieron en distintas áreas.
Le quitaron plata a los CEN CINAI, a los bonos de vivienda, a la atención de personas en condición de calle y a la Red de Cuido. Todo eso se mandó de urgencia para las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), becas, comedores estudiantiles y atención a adultos mayores.
También sacaron ¢52.700 millones que iban para amortizar deudas y los mandaron para construir un tramo de la esperada carretera a San Carlos. Por otro lado, pasaron ¢300 millones del Icoder al Ministerio de Salud para financiar al Comité Olímpico Nacional, y reacomodaron ¢244 millones en Hacienda para seguridad portuaria.
Ahora, el presupuesto debe votarse en segundo debate para convertirse en ley de la República. Dicha votación se hará en los próximos días.
