EscucharTres empresas autobuseras solicitaron ajustes tarifarios en las rutas San José-Hatillo (ruta 90), San José-Alajuelita y Ramales (ruta 94) y Upala-San José (ruta 514), pero la Defensoría de los Habitantes se opuso porque el aumento de las tarifas puede afectar a los usuarios.
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Resulta que la Defensoría analizó la solicitud de cada empresa autobusera y encontró algunas inconsistencias.
Por ejemplo, los ajustes que pidieron las compañías operadoras no son racionales ni proporcionales. Tampoco se hicieron estudios de impacto socioeconómico en cuanto al ajuste tarifario.
“En la ruta 514 (Upala), la propuesta contempla incrementos que superan el 300% en algunos tramos. Por su parte, en la ruta 90 (Hatillo-Alajuelita) se plantean ajustes de hasta un 29%, es decir, alzas de 90 y 65 colones por viaje”, indicó la Defensoría.
Estos ajustes, según la institución, vulneran el principio de asequibilidad progresiva y pueden ser una barrera económica para los usuarios, pues dependen de los buses para ir al trabajo, un centro médico, a la escuela o el colegio.
Aumentos injustificados
La Defensoría señaló que las empresas autobuseras presentaron datos que no justificaban los aumentos.
En el caso de la ruta San José-Alajuelita, se señaló que hay días en los cuales sí se hicieron viajes, pero se registraron cero pasajeros movilizados y caídas atípicas extremas en la frecuencia de viajes, lo que era extraño.
También, al comparar los datos de las rutas de San José-Hatillos y San José-Upala con los registros oficiales de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), no coincidían en nada.
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La Defensoría cree que las empresas están reportando menos pasajeros de los que realmente hay para justificar los aumentos tarifarios.
Empresas autobuseras no deberían cobrar
Cuando las compañías autobuseras reportan menos pasajeros de los que realmente hay, aumentan las tarifas de los pasajes.
Sin embargo, la Defensoría advirtió que los usuarios no deberían pagar los errores o malos manejos administrativos de las empresas al llevar sus estadísticas.
“Las tarifas deben sustentarse en un volumen de pasajeros con estudios técnicos o datos revisados, no en estadísticas sin justificación material”, indicó.
Recordemos que se han reportado cientos de rutas de bus que han sido abandonadas por los costos, dejando a muchos sin transporte público, especialmente en zonas alejadas de la Gran Área Metropolitana.
“El origen de las rutas en abandono es multifactorial, agravado por los cambios de movilidad originados durante la pandemia del covid-19, que ocasionó que muchas personas hicieran teletrabajo o resolvieran su movilidad con otros medios de transporte, especialmente las motos.
“Esto ha afectado la demanda del servicio y ha vuelto, en muchos casos, insostenible la operación del servicio, lo que dificulta la inversión en sustitución de la flota, pues, como sabemos, la tarifa está basada bajo el principio al costo; entonces, a menor demanda, la tarifa aumenta o es insuficiente para realizar las inversiones necesarias”, explicó el Consejo de Transporte Público (CTP).
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