EscucharEliécer Ortiz Morales es un vecino de Sarchí Sur, de Alajuela, que escribió a La Teja para contar una situación que vivió con el Ministerio de Seguridad y en la que siente que fue víctima de discriminación.
Actualmente, se gana la vida como peón de construcción y siempre ha sido bien empunchado. Ha trabajado como curtidor de cuero, vigilante, misceláneo y custodio, entre otras cosas.
Hace 18 años, cuando laboraba en una procesadora de cuero, tuvo un accidente con una máquina y perdió los dedos índice y corazón de la mano izquierda (él es derecho).
Después del accidente, Eliécer se recuperó y logró adaptarse a sus actividades.
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“Tres años después del accidente saqué el permiso de portación de armas para ingresar a seguridad privada. Ni en el INS ni en ningún lado nunca me dijeron que había quedado con una discapacidad, así que, simplemente, me enfoqué en adecuarme a mis trabajos y actividades”, contó.
En el 2023 hizo el proceso para ingresar a la Fuerza Pública. Unos dos meses después lo llamaron para hacer las pruebas psicológicas y las pasó, y luego seguían las pruebas médicas.
“Me tomaron el peso, la talla, me pusieron un sensor en un dedo para medir los latidos del corazón, entre otras cosas. Me pusieron a hacer diez pechadas y cuando las estaba haciendo, vi que uno de los señores se me quedó viendo la mano en la que me faltan los dedos. Cuando me levanté me preguntó qué me había pasado y le conté. Él me dijo: ‘ah bueno, ya está cicatrizado’, y listo”.
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Lo rechazaron sin hacerle pruebas en la mano
Después pasaron a Eliécer al consultorio de un doctor para que le hiciera el examen médico. Me dijeron que me quitara la camisa, las medias y me revisaron como para ver que no tuviera alguna anormalidad.
“Ya cuando iba terminando el examen, entró la encargada de Medicina Ocupacional y preguntó si yo era al que le faltaban los dos dedos. El doctor le dijo que sí, y ella dijo que yo no iba a seguir el proceso, que hasta ahí llegaba.
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“Yo le dije: ‘disculpe, señora, ¿por qué no?’, y me respondió que yo no podía alimentar una nueve milímetros, ni sostener un bastón policial. Yo le dije, con todo respeto, que tenía el permiso de portación de armas, que tenía familiaridad con los bastones policiales y que me había desempeñado once años en seguridad", argumentó.
Eliécer se sintió muy mal, lo incomodó el hecho de que lo rechazaran sin siquiera hacerle una prueba para ver si era capaz de cargar o no armas, o usar la vara policial.
“Si me hubieran hecho una prueba y no hubiera podido hacer lo que me pedían, yo me hubiera quedado resignado, pero siento que me discriminaron a ojo solo por ver que me faltan dos dedos”, manifestó.
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Él presentó un recurso de amparo y los magistrados de la Sala Constitucional le dieron la razón al Ministerio de Seguridad Pública.
Eliécer es persistente, así que siguió luchando por ser escuchado y mandó un correo a Casa Presidencial, pero ahí le reenviaron la sentencia de la Sala Constitucional del recurso de amparo que él había presentado.
No es considerado con discapacidad
A raíz de toda esa situación, el vecino de Sarchí acudió al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y ahí le hicieron varias pruebas en las que llegaron a la conclusión de que no es una persona con discapacidad.
“Su condición de salud no interfiere en sus actividades básicas y no presenta dificultades significativas en su entorno y desempeño... no tiene seguimiento con ninguna especialidad, no utiliza ningún producto de apoyo, no hay restricción a nivel de movilización de mano, codo u hombro, hay cierres de puño, aducción, abducción, flexión y extensión de la mano; el tono muscular se ha mantenido al igual que su extremidad derecha, realiza sus actividades de vida diaria sin ninguna dificultad, por lo tanto, no se considera una deficiencia significativa para condicionarlo a una situación de discapacidad”, dice la resolución de Conapdis.
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Eric Briones es doctor en Derecho Laboral y dice que en estos casos siempre se respeta y prevalece el criterio del Ministerio de Seguridad Pública.
“La Sala Constitucional ha dicho que, tratándose de puestos de seguridad, llámese Organismo de Investigación Judicial, o miembros del Ministerio de Seguridad, todo lo que tiene que ver con seguridad pública, porque lo privado es diferente, tienen que estar en condiciones óptimas físicas y no tener ningún padecimiento.
“Incluso, he visto que la Sala Constitucional ha fallado en favor del Ministerio de Seguridad Pública, casos en los que una persona padece hipertensión, es obesa o tiene problemas de diabetes, porque cuando estamos hablando de seguridad pública es algo muy delicado”, expresó.
Briones dice que los mismos magistrados han dicho que esas decisiones no atentan contra el artículo 33 de la Constitución Policía, que dice que “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”, ni son contrarias al Código de Trabajo.
La Teja consultó al MSP sobre el caso y la institución dijo que la ley no les permite revelar información sobre casos como este por una cuestión de confidencialidad.
