Lo que debía ser un acto de amor y tenencia responsable terminó en luto e impotencia para don David y doña Catalina (nombres cambiados para proteger su identidad).
Ambos acudieron a campañas de castración en Heredia y San José, pero denuncian que presuntas negligencias médicas apagaron la vida de sus compañeros de cuatro patas.
Incluso, uno de ellos recibió amenazas de demanda por parte del veterinario tras denunciar el caso en redes sociales.
El drama de don David comenzó un sábado de agosto, cuando llevó a castrar a tres de sus perritos. Dos de ellos desarrollaron infecciones severas.
Al día siguiente de la cirugía, a uno se le formó un abultamiento en el abdomen; el lunes, otra veterinaria lo atendió de urgencia (sin cobrarle) y confirmó que ambos sufrían una infección masiva.
Mientras Tobby falleció a causa del cuadro clínico, su hermano sobrevivió tras una compleja intervención para cerrar una gran herida abierta en su estómago.
Por su parte, doña Catalina gastó ¢120.000 el pasado 18 de julio en una campaña en San José para castrar a tres perritas y realizar cuatro limpiezas dentales. Semanas después, Gipsy, una salchicha rescatada en enero, decayó repentinamente y tenía el abdomen inflamado.
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En un hospital veterinario en Santa Ana le drenaron líquido y, al operarla de emergencia, descubrieron el horror: durante la castración la suturaron muy mal.
La orina se filtró en su cavidad abdominal, provocando una septicemia letal que destruyó sus tejidos y obligó a dormirla.
Además, otra de sus perritas perdió siete piezas dentales por una limpieza mal realizada en esa misma campaña. Pese a enviar el dictamen médico certificado al Colegio de Médicos Veterinarios en agosto, asegura que le dijeron que investigarían, pero que los resultados no provocan multas muy altas.
“Llevé mi perrita sana a una campaña de castración y en menos de una semana terminó muerta. Eso no se lo deseo a nadie”, dice con mucho dolor doña Catalina.
Estos testimonios coinciden con la alerta emitida por el propio Colegio de Veterinarios el pasado 27 de agosto, tras intervenir una campaña clandestina en Guararí de Heredia que operaba sin permisos, higiene ni profesionales incorporados.
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El Colegio recordó a la población comprobar siempre la capacidad profesional de quienes realizan estas cirugías para evitar que su perrito pase de una castración a la muerte.
