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En los últimos días, un tema delicado ha sido motivo de debate entre los costarricenses. Esto después de que la presidenta Laura Fernández afirmara que la presencia de militares estadounidenses en el país “le haría muy bien a la seguridad nacional”.
Además de esto, Rodrigo Chaves estuvo recientemente en la cumbre durante la cual se firmó la creación de una nueva coalición militar para combatir a los carteles del narcotráfico en América Latina.
Ante este contexto, las declaraciones de la mandataria han puesto sobre la mesa serios cuestionamientos: ¿Representa esto un riesgo para la soberanía nacional? ¿Está Costa Rica preparada para un proceso de militarización o se trata de una medida desproporcionada? ¿Es la solución traer tropas extranjeras al país o el enfoque debe ser financiar a los entes actuales como el OIJ?
En La Teja, analizamos este panorama junto con especialistas en seguridad, expertos y ciudadanos que nos brindaron su criterio.
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Miedo a perder la soberanía
Con la reciente conversación surgida tras las declaraciones de Fernández, el temor a una intervención militar se hace evidente.
Para Aaron Córdoba, ciudadano costarricense, aumentar las fuerzas armadas no representa una mejora para la seguridad nacional.
“En mi opinión, la militarización no está relacionada con la disminución de la criminalidad. En Colombia, por ejemplo, esto llevó a una guerra contra los cárteles, e igualmente en México en los años ochenta.
La lucha contra la criminalidad no se trata solamente de “poner mano dura”, sino de combatir de forma inteligente, fortaleciendo la educación, la regularización y los controles”.
Por su parte, ciudadanas como Zahira Urbina afirman que el enfoque debe estar en el fortalecimiento de entes como el Poder Judicial.
“El país no debería militarizarse. Más bien, se debe fortalecer al Poder Judicial con más presupuesto y capacitar a nuestros cuerpos policiales con expertos extranjeros.
De militarizarnos, me preocuparía que la intervención directa de otros países, como Estados Unidos, nos haga perder en un futuro nuestra independencia y soberanía”.
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Un sistema ineficiente
Para expertos en el tema como el exministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, Costa Rica debe financiar adecuadamente a organismos como la Fuerza Pública y el OIJ antes de tomar medidas extremas:
“Costa Rica ha demostrado que posee la capacidad interna para enfrentar con éxito al crimen organizado; sin embargo, el país requiere atender necesidades presupuestarias urgentes orientadas a la contratación de personal, la adquisición de tecnología y el fortalecimiento institucional.
Actualmente, más del 60 % de las unidades de transporte de la Fuerza Pública se encuentran fuera de servicio, lo que evidencia carencias graves de equipamiento y dificulta el desplazamiento de los oficiales en motocicletas y vehículos adecuados."
Mata también indica que “es indispensable asignar fondos para crear un departamento de vigilancia interna que prevenga la corrupción policial. Autoridades gubernamentales han señalado riesgos de corrupción dentro de la institución, por lo que implementar mecanismos de control es de suma importancia”.
Por otro lado, el abogado constitucionalista Rubén Hernández considera que la propuesta carece de todo sustento legal y técnico:
“Legalmente, es una tontería y no tiene pies ni cabeza. Se trata de un juego político para desfavorecer al Poder Judicial.
Una medida de este tipo implicaría una intromisión en la soberanía nacional. Para llevarla a cabo, se requeriría un convenio internacional aprobado por dos terceras partes de la Asamblea Legislativa, e incluso una Asamblea Constituyente convocada para tal efecto y votada por tres cuartas partes del Congreso. El único escenario donde algo así procedería de forma directa sería ante una invasión extranjera."
Hernández también dio recomendaciones contundentes a la presidente Laura Fernandez:
La presidenta debería asesorarse con expertos en la materia antes de lanzar frases populistas que van contra el sentido común. El mandatario debería actuar como una figura de unión, pero con estas manifestaciones demuestra todo lo contrario".
¿Qué se puede y qué no se puede hacer?
A la oposición generalizada se suma que cualquier intento de llevar estas ideas a la práctica choca directamente con diversas áreas constitucionales.
Por un lado, el artículo 12 de la Constitución Política prohíbe al Ejército como institución permanente y establece que Costa Rica solo mantendrá las fuerzas policiales necesarias para el orden público.
Por otro lado, el artículo 121 (inciso 5) otorga a la Asamblea Legislativa la facultad de aprobar o rechazar el ingreso de tropas extranjeras al país, por lo que eventuales operaciones de este tipo en el país solo podrían darse si son aprobadas y reguladas por el Plenario.
Finalmente, la Constitución Política no autoriza de forma explícita instalar bases militares permanentes en el país, y una medida como esta requeriría obligatoriamente una reforma de la Constitución por encima de los acuerdos con el Poder Ejecutivo y el Congreso.
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