EscucharHay soledades que duelen, pero la que vivió una mujer en el Hospital Tomás Casas, en Osa, sobrepasa cualquier entendimiento.
La paciente, cuya identidad no se dio a conocer por tratarse de una persona vulnerable, permaneció internada por más de 220 días, es decir, más de siete meses. Lo más increíble es que médicamente ella ya estaba lista para irse a casa, pero no tenía a dónde ir: no tenía familiares que la recibieran.
Para ella, las paredes blancas del hospital se convirtieron en su único mundo durante todo ese tiempo y el personal del centro, en su familia.
Aunque el personal médico la cuidaba, su estancia prolongada representaba un riesgo para su salud y su bienestar emocional. Nadie merece vivir en un hospital, empezando por los riesgos de contagios de enfermedades e infecciones que hay.
Requiere apoyo en todo momento
La situación era crítica. La mujer tiene una discapacidad y requiere apoyo constante para sus actividades diarias, por lo que dejarla salir sola a la calle era exponerla a muchos peligros.
Ante esa situación, el hospital la mantuvo bajo “protección social”, pero urgía buscar una solución para que ella no estuviera “viviendo” más en el centro médico.
Fue entonces cuando la Defensoría de los Habitantes tomó cartas en el asunto y sentó en la mesa a las autoridades del centro médico y del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (Conapdis). El objetivo era claro: devolverle a la paciente el derecho a vivir en un entorno digno y seguro.
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“Durante la reunión se expuso que un egreso sin acompañamiento adecuado la colocaría en una situación de alta vulnerabilidad, con riesgo para su integridad física y su vida, dada su limitada capacidad para la toma de decisiones y el autocuidado.
“Asimismo, se señalaron los riesgos asociados a su prolongado internamiento, tanto desde la perspectiva sanitaria como administrativa, lo que hacía indispensable una solución integral y urgente”, informó la Defensoría.
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La entidad asegura que en este tipo de situaciones, en las que personas con discapacidad están en riesgo, el Estado tiene la responsabilidad de protegerlas.
“La Defensoría enfatizó en el deber del Estado de velar por la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, adoptando todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos sus derechos a la luz de lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 7600 y la Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad”, informó la institución.
Una nueva vida en Pérez Zeledón
Tras las gestiones de la Defensoría, se logró que un juzgado ordenara una medida cautelar urgente para autorizar su salida y buscarle un lugar seguro y cómodo, donde no pasara necesidades ni peligros.
Ella fue llevada a una alternativa residencial en Pérez Zeledón, donde ahora recibe el cuido y el cariño que tanto necesita.
Hoy, esa cama de hospital finalmente está vacía, y la mujer que la ocupó tanto tiempo intenta recuperar la calidad de vida y su dignidad.
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El abandono en hospitales es más común de lo que muchos creen
Los casos de personas que llegan a recibir atención médica a los hospitales y son abandonadas por sus familias es más común de lo que mucha gente piensa.
Según un reporte dado por el hospital Calderón Calderón Guardia hace unos meses, solo entre enero y mayo del 2025 el centro médico reportó el abandono de 21 pacientes. Durante todo el 2024, la dolorosa cifra fue de 74 casos. Los adultos mayores son los que más sufren abandono.
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El hospital San Juan de Dios, por su parte, reportó que entre 2020 y 2024, se registraron entre 36 y 50 casos anuales de personas adultas mayores abandonadas. Durante los primeros cuatro meses del 2025, se contabilizan 40 casos, lo que representa un incremento superior al 50% con respecto a los años anteriores.
Según reportes de Conapam, en los últimos seis años, se pasó de 200 casos de estudio de abandono a más de 800.
Un proyecto de ley del diputado Fabricio Alvarado, aprobado en octubre del año pasado, modificó la ley y castiga el abandono de adultos mayores hasta con 18 años de cárcel.
