EscucharLa degradación social en los barrios periféricos de la capital costarricense ha llegado a un punto de inflexión que estremece los cimientos del país.
En las zonas más empobrecidas, la narcocultura ha permeado la mentalidad de los más jóvenes, quienes ya no ven el estudio como una salida, sino el crimen organizado.
Un ejemplo desgarrador fue compartido por Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien relató que, tras un operativo en Limón, quedó “impactado” con lo que un niño de 13 años le dijo: quiere ser “narcotraficante” porque a los de su barrio les va “muy bien”.
Este fenómeno no es aislado, sino la consecuencia de una violencia en Costa Rica que ha escalado de forma vertiginosa.
El país, que por décadas fue el referente de paz y estabilidad en la región, enfrenta hoy una tasa de homicidios que alcanzó los 17 casos por cada 100.000 habitantes en 2025, una cifra alarmante comparada con el índice de 11,2 registrado apenas en 2019. Siete de cada diez asesinatos en el territorio nacional están directamente ligados al narcotráfico, una guerra de bandas que disputa cada esquina de los asentamientos informales conocidos como “precarios”.
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La mujer que sepulta a los jóvenes del narco
En el corazón de Alajuelita, uno de los sectores más conflictivos, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, se ha convertido en la doliente oficial de una generación perdida. Sin recibir remuneración y trabajando como limpiadora de casas o cuidadora, Mauren ayuda a las familias pobres a enterrar a sus hijos, víctimas de las balaceras cotidianas. “Enterrar a un familiar al que mataron, de 14, 15 años, es muy difícil”, confiesa con dolor. Para ella, no importa si los fallecidos eran inocentes o estaban involucrados en el negocio; su misión es darles una sepultura digna ante la carencia de recursos de sus padres.
Mauren relata que el año pasado asistió en el entierro de una veintena de muchachos “que desgraciadamente se desvían por falta de oportunidades” y de víctimas colaterales de la guerra entre bandas. La labor de Jiménez es titánica y desgarradora: negocia precios con funerarias, organiza colectas en redes sociales y acompaña a padres que, en muchos casos, ni siquiera saben leer o escribir para gestionar el retiro de los cuerpos de la morgue. Su labor le ha pasado factura emocional, obligándola a buscar ayuda psicológica tras procesar escenas de crímenes atroces, como el de un joven acribillado con decenas de tiros. “Imagínese cómo quedó ese cuerpo”, señala.
La inseguridad marca el rumbo de las elecciones presidenciales
Este clima de temor generalizado ha colocado la seguridad ciudadana como el eje central de las elecciones presidenciales. La candidata oficialista y favorita en las encuestas, Laura Fernández, ha adoptado un discurso de “mano dura” que resuena con fuerza entre quienes claman por orden. Fernández culpa a las autoridades judiciales por la liberación de delincuentes y propone medidas inspiradas en el modelo de El Salvador de Nayib Bukele, incluyendo la construcción de una megacárcel y la implementación de estados de excepción en zonas críticas.
Sin embargo, sus rivales políticos ven estas propuestas como una “amenaza a los derechos humanos” y abogan por fortalecer la vigilancia policial y naval, además de revertir los recortes presupuestarios en seguridad realizados por la administración saliente. Por su parte, el director del OIJ, Michael Soto, advierte que la solución no es meramente punitiva. Para el jefe judicial, la raíz del problema está en los “anillos de miseria en las ciudades” que han “generado que el crimen organizado se arraigue ahí”. Soto enfatiza que se requiere llevar bienestar y oportunidades reales a estas comunidades para evitar que los niños sigan viendo el narco como su única aspiración de vida.
De puente a centro logístico del narcotráfico
Costa Rica ha dejado de ser un simple lugar de tránsito para convertirse en un centro logístico clave para los carteles de México y Colombia. Las mafias locales ahora almacenan cocaína y la camuflan en contenedores de exportación, aprovechando que los puertos nacionales aún operan con escáneres insuficientes. Esta mutación del negocio ha provocado que la cuota de sangre la pongan los sectores más desiguales de este país de 5,2 millones de habitantes.
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Incluso la Iglesia Católica ha sentido el peso del miedo. El sacerdote Gabriel Corrales, vicario de Alajuelita, admite la tensión que se vive en los ritos fúnebres: “A mí me ha tocado hacer funerales con temor porque tal vez el muchacho andaba con estas bandas” y pueda haber una “balacera”, confiesa. El temor es compartido por padres de familia que recuerdan con horror casos de niños muertos en sus propias camas por balas perdidas.
A pesar del peligro y de la opinión de algunos altos funcionarios que sugieren “que se maten entre ellos”, Mauren Jiménez está decidida a continuar su labor. Para ella, cada joven muerto es una falla del sistema y una pena que debe ser acompañada, independientemente de las circunstancias. Mientras el país se prepara para acudir a las urnas el domingo, la pregunta que queda en el aire es si las nuevas autoridades podrán rescatar a esa infancia que, a los 13 años, ya ve en el crimen su mejor oportunidad de futuro.
