Christian Ulate, quien aspira a ser magistrado propietario de la Sala Tercera, les contó a los diputados de la Comisión de Nombramientos del Congreso cómo ayudó a desenmascarar a una jueza corrupta en Guatemala.
Él trabajó un tiempo en ese país y relató que su experiencia allá le ha ayudado mucho en Costa Rica, sobre todo en tiempos en los que el crimen organizado lucha por infiltrarse en los poderes de la República.
La diputada y presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, forma parte de la comisión y no perdió la oportunidad de hacerle al candidato una consulta directa sobre un caso pesado que él investigó en Guatemala, cuando formaba parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
El rastro del dinero: La caída de una jueza
Yara le recordó a Ulate un caso de octubre de 2016, cuando un tribunal guatemalteco condenó a 11 años de prisión a una jueza por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La legisladora resaltó que ese caso es clave para entender los riesgos de corrupción dentro de las propias estructuras judiciales. Por eso, le preguntó sin rodeos: ¿Qué podemos aprender en Costa Rica de esa experiencia para vigilar mejor el patrimonio de nuestros jueces?
El candidato explicó que, cuando trabajaba en Guatemala, el comisionado Iván Velázquez le pidió enfocarse en la corrupción judicial. En lugar de irse por el tradicional y complicado delito de “prevaricato” (que es cuando un juez dicta resoluciones injustas a sabiendas), Ulate decidió irse por algo más tangible: el tema patrimonial, o sea, seguir la pista del dinero.
“Tengo 15 años de ser juez y llego en un Jetta, hay uno de dos años que llega en un BMW”
Christian contó una anécdota que lo hizo abrir los ojos por completo. Un día, mientras conversaba con un funcionario de los tribunales, Christian recibió un comentario que lo dejó pensando.
“Tengo quince años de ser juez, Cristian, y yo llego en un Jetta, y hay un juez que tiene dos años y llega en un BMW”, le confesó el funcionario.
Esa simple observación encendió las alertas. Fue ahí cuando Ulate decidió ir con todo a revisar las cuentas y las propiedades de la jueza que terminó condenada.
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Resulta que la señora tenía una enorme mansión. Al principio, el investigador fue muy cuidadoso porque, como él mismo dice, una persona puede estar simplemente muy endeudada para darse un lujo así y no se pueden manchar nombres a la ligera.
Pero al abrir las cuentas descubrió que la jueza llevaba cuatro años sin tocar su salario oficial y pagaba el millonario préstamo de su casa en efectivo.
¿Qué lecciones quedan para Costa Rica?
Tras contar esta impactante experiencia, Ulate aterrizó el tema en la realidad del país. Para él, es urgente que Costa Rica se tome en serio la fiscalización del endeudamiento y la riqueza de los funcionarios judiciales.
El aspirante señaló que aquí hay una Ley de Extinción de Dominio “disfrazada” bajo la figura de capitales emergentes en la Ley de Crimen Organizado. Sin embargo, consideró que eso no era suficiente.
Él propone que se debe retomar una verdadera ley para quitarles los bienes mal habidos a los corruptos. Recordó que una iniciativa de este tipo se propuso en 2015, pero lamentablemente fue archivada en 2023.



