La advertencia de expertos de que el fenómeno de El Niño podría ocasionar en los próximos meses apagones por falta de generación eléctrica y un aumento en los recibos causa gran preocupación.
Pensando justo en eso, la diputada Abril Gordienko López, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó un proyecto de ley que pretende dar tranquilidad sobre ese tema tan delicado.
Se trata de la Ley de Emergencia Energética (el proyecto 25.879), una valiosa iniciativa que busca fortalecer el suministro eléctrico nacional y cuidar la plata de la gente.
¿Para qué serviría esta nueva ley?
La idea de este proyecto es blindar el país ante la falta de lluvias y los duros golpes del fenómeno de El Niño, que amenaza las reservas de agua.
“Las familias necesitan pagar menos por la luz y las empresas, costos más bajos para producir y generar empleo”.
La legisladora asegura que Costa Rica no puede quedarse con los brazos cruzados esperando a que empiecen los apagones o los aumentos en los recibos.
Las cuatro curitas para aliviar el sistema eléctrico
Para lograr que la luz no falte y que no salga tan cara, el proyecto de ley propone cuatro medidas principales:
- Compra de energía para ya
Se le ordenaría al ICE que, en un plazo máximo de seis meses, haga un concurso público urgente para contratar 300 megavatios de nueva capacidad eléctrica. Aquí ganaría el que ofreciera el menor precio, usara fuentes renovables y tuviera un buen plazo de entrega.
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- Más ayuda del sector privado
El plan busca ampliar los límites que tiene la actual Ley 7200 para que el sector privado pueda invertir con mayor facilidad y nos dé más opciones de abastecimiento.
- Trato directo para cooperativas
Permitiría que las cooperativas de electrificación rural, Jasec y la ESPH pudieran comprar la energía de forma directa a otros actores del sistema, pagando únicamente por el uso de las redes.
- Aprovechar el calor de los parques
Finalmente, se autorizaría al ICE a desarrollar proyectos de energía geotérmica (aprovechando el calor de la tierra) dentro de los parques nacionales y áreas protegidas.
Todo esto llevaría estudios ambientales muy estrictos y los proyectos deberán pagar un canon (un cobro) que se usará exclusivamente para la conservación.
