EscucharLa oposición se pronunció tras la publicación este lunes 10 de agosto en La Gaceta del decreto desecreto de Estadopara información vinculada al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y “Fuerza Élite”.
El gobierno señaló que la divulgación de la información “lejos de ser de interés público” puede entorpecer la labor de las autoridades judiciales y policiales en el combate de la criminalidad y poner en riesgo la vida de los funcionarios.
Asimismo, establece que quienes participen en el Consejo, la DIS y “Fuerza Élite” deben guardar absoluta confidencialidad sobre los asuntos que se discutan.
Tras la publicación, los diputados de la oposición y el secretario general de Liberación Nacional, Miguel Guillén, compartieron su opinión.
¿Qué dijo la oposición?
La diputada Claudia Dobles manifestó preocupación porque el Ejecutivo oculte contrataciones y fondos públicos mediante el secreto de Estado.
“Esto podría ser una cobija para tapar corrupción y discrecionalidad en el uso de fondos públicos. Al día de hoy no sabemos quién pagó el polígrafo de doña Laura. ¿Quién lo pagó?”, dijo.
“También se podrían cobijar abusos en nombre de la seguridad. La declaración de secreto de Estado se da para información específica, no para cubrirlo todo”, añadió.
Por su parte, la legisladora frenteamplista Sigrid Segura señaló que se investigará qué está pasando alrededor del decreto.
“En este decreto se aprovecha de la crisis de inseguridad para ampliar el secreto a informaciones que no deberían serlo, como contratos, adjudicaciones y en qué se gasta la plata del pueblo. Ustedes tienen derecho a saber en qué se gasta su plata y a la rendición de cuentas”, indicó.
Eder Hernández, diputado del PLN, recordó que el exdiputado oficialista Manuel Morales encaró al director de la DIS por supuestamente perseguir a él y a otros legisladores.
“Existen antecedentes preocupantes de que la DIS pudo dejar de ser un ente de investigación y tornarse un ente de persecución política contra diputados, magistrados e incluso el fiscal general. (...) Este ente tiene que estar sometido a fiscalización y rendir cuentas”, dijo.
La legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, comentó que el decreto le generó dudas.
“¿Por qué considera el Poder Ejecutivo necesario poner un velo de opacidad sobre una materia tan delicada cuando el Poder Judicial ha realizado operativos sin ese nivel de secretismo?”, señaló.
Gordienko afirmó que los ciudadanos deben estar atentos y cuestionar este decreto.
“Existe y se aplica en otros países, pero de forma excepcional, justificada, con plazos y normalmente con un comité de control”, comentó.
El secreto de Estado debe proteger al país
El secretario general liberacionista, Miguel Guillén, comentó que el narcotráfico no se combate ocultando “las debilidades de la gestión policial, sino identificándolas, corrigiéndolas y depurando los cuerpos de seguridad.
“No es casualidad. Hace unos días Costa Rica conoció un informe policial que reveló indicios de corrupción e infiltración del crimen organizado en la Fuerza Pública. Y ahora, Laura Fernández decreta un amplísimo secreto sobre información policial”, dijo.
“El secreto de Estado debe proteger a Costa Rica del crimen organizado, no proteger al gobierno del escrutinio ciudadano”, añadió.
Guillén señaló que el próximo sábado 22 de agosto se reunirá la Asamblea Nacional para fijar una posición sobre el rumbo en el que va el país.
“No aceptamos la deriva autoritaria del chavismo, el debilitamiento de las instituciones, la corrupción ni un gobierno que ha relegado la inversión social y abandonado al sector productivo nacional”, dijo.
“Costa Rica necesita instituciones firmes, producción, justicia social y democracia y fuerzas políticas dispuestas a defenderlas sin titubeos”, agregó.
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