EscucharEl gobierno de Laura Fernández decretó como secreto de Estado cualquier información vinculada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el grupo “Fuerza Élite” y cualquier otra coordinación sobre seguridad y defensa que dirija la Presidencia.
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Esta declaración fue publicada este lunes 10 de agosto en el Diario Oficial La Gaceta.
“Se declara como secreto de Estado y reserva, por lo tanto, información absolutamente de carácter confidencial y de acceso restringido exceptuada de la consulta pública, por razones de interés público, seguridad y defensa nacionales, los informes, documentos, archivos o información vinculados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Grupo de Trabajo del Gobierno de Costa Rica denominado “Fuerza Élite”, anteriormente conocido como Task Force de Seguridad, así como cualquier otra coordinación que sobre el tema de seguridad y defensa del Estado dirija la Presidencia de la República", dice el decreto.
El gobierno señaló que la divulgación de la información “lejos de ser interés público”, puede entorpecer y poner en riesgo la labor de las autoridades judiciales y policiales en el combate de la criminalidad y la vida de los funcionarios.
“Todo ello podría permitir a organizaciones criminales nacionales y trasnacionales, generar amenazas contra la seguridad pública al identificar vulnerabilidades institucionales y desarrollar estrategias para evadir los controles establecidos por el Estado”, se indica en el decreto.
Sin embargo, el secreto de Estado no se limita a la información relacionada con las formas de operación de la delincuencia organizada y las dinámicas policiales de prospección y despliegue, capacidades oprativas, procedimientos especiales, planes de respuesta, estructuras de mando, protocolos de intervención, recursos tecnológicos, bitácoras de acuerdos, coordinación interinstitucional, gestiones de control, entre otros datos.
Funcionarios deberán guardar confidencialidad
En el decreto se señala que aquellas personas que participen en el consejo, la DIS y “Fuerza Élite”, así como el funcionario con quien la Presidencia coordine planes en materia de seguridad, deberán guardar absoluta confidencialidad y privacidad de los asuntos que se discuten.
Esto aplica a jerarcas, miembros de las fuerzas policiales del país, personal de apoyo, de asesorías profesionales en diversas ramas técnicas, legales, tecnológicas, administrativas y de cualquier otra índole, consultores, asesores, contratistas y personas que presten servicios técnicos, profesionales y administrativos.
Nadie puede divulgar información relacionada con el consejo, la DIS y “Fuerza Élite”; si se incumple, se aplicarán los procedimientos y las sanciones correspondientes.
Este decreto entró a regir este lunes tras su publicación en La Gaceta.
