EscucharEl gobierno de Laura Fernández decretó como secreto de Estado los informes, documentos, archivos o información vinculados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo “Fuerza Élite”.
La publicación de este decreto en el Diario Oficial La Gaceta se dio días después de que la activista Sylvia Ziesing denunció en redes sociales que tuvo que exiliarse por amenazas de muerte y compartió que, supuestamente, la DIS mantenía un seguimiento hacia ella y su familia.
Bajo este contexto, conversamos con dos politólogos y un exministro de Seguridad sobre este tema.
El exministro de Seguridad, Gustavo Mata, señaló que este decreto es bastante peligroso para el país.
Mata explicó que el secreto de Estado puede utilizarse para proteger labores de seguridad nacional y acciones contra el crimen organizado, por lo que no ve problema en esos casos.
Sin embargo, advirtió que podría utilizarse para ocultar asuntos ajenos a la seguridad nacional, como la compra de tecnología de vigilancia como el software del Mossad de Israel.
El exministro afirmó que con el secreto de Estado, el Gobierno podría brincarse la Contraloría y hacer una compra directa de equipamiento para vigilar a los ciudadanos.
“No es válido ni se ajusta a la normativa legal, por lo tanto, si el secreto de Estado lo está visualizando y amparando a esa situación, es peligroso”, dijo.
“Hay que tener mucho cuidado, hay que ver cuáles son las pretensiones del Ejecutivo al declarar secreto de Estado (...) Por ejemplo, el OIJ no lo requiere para estar ejecutando acciones contra el crimen organizado que han sido exitosas”, añadió.
Por su parte, el politólogo Sergio Araya explicó que el secreto de Estado se da en circunstancias muy extremas y calificadas.
Araya detalla que la Presidencia puede emitir estos decretos para manejar con discreción información sobre investigaciones de terrorismo o crimen organizado, siempre por razones bien fundamentadas.
Araya señaló que estos decretos generan suspicacia, especialmente en un país acostumbrado a la transparencia en la gestión pública.
Rubén Grillo, otro politólogo, considera peligroso que haya poca transparencia del Gobierno sobre en qué invierte el dinero en temas de seguridad.
“Ellos pueden decir que cualquier información que pueda ser de conocimiento público sea secreto de Estado, eso me preocupa también porque hay informes que están saliendo últimamente como el que publicó La Nación de los policías que están involucrados en temas de narcotráfico”, comentó Grillo.
“La Constitución Política permite que el gobierno pueda establecer algunos asuntos como temas de secreto de Estado. No obstante, no hay una regulación explícita, es decir, no hay una ley o un reglamento que diga cuáles temas sí se consideran secreto de Estado. Hay un gran vacío legal”, dijo.
Según el decreto, el secreto de Estado no se limita a la información relacionada con las formas de operación de la delincuencia organizada y las dinámicas policiales de prospección y despliegue, capacidades operativas, procedimientos especiales, planes de respuesta, estructuras de mando, protocolos de intervención, recursos tecnológicos, bitácoras de acuerdos, coordinación interinstitucional y gestiones de control, entre otros datos.
El Gobierno justificó que la divulgación de la información “lejos de ser interés público”, puede entorpecer y poner en riesgo la labor de las autoridades judiciales y policiales en el combate de la criminalidad, así como la vida de los funcionarios.
Participantes en reuniones no podrán revelar información
El decreto señala que aquellas personas que formen parte del Consejo, la DIS y “Fuerza Élite” deberán guardar absoluta confidencialidad y privacidad de los asuntos que se discuten.
Esta prohibición también se amplía al funcionario con quien la Presidencia coordine planes en materia de seguridad, jerarcas, miembros de las fuerzas policiales, personal de apoyo, consultores, asesores, contratistas y personas que presten servicios técnicos, profesionales y administrativos.
El exministro Mata lo consideró improcedente e ilegal y ejemplificó que un jerarca del Poder Judicial que participe en estos encuentros no puede ampararse bajo el secreto de Estado para hacer diligencias que son “meramente de investigación”.
“Es totalmente improcedente e ilegal que personeros de la Corte asistan a esas reuniones por cuanto el sistema judicial no puede ni debe ampararse bajo un secreto de Estado en su gestión de la justicia pronta y cumplida”, dijo.
Aquellos funcionarios que incumplan con este decreto podrían ser sometidos a procedimientos y ser sancionados.
