EscucharLa situación actual del Poder Judicial es conocida mundialmente, al punto que la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York (New York City Bar Association) manifestó preocupación por lo ocurrido.
En el pronunciamiento, la asociación destaca el recorte presupuestario al Poder Judicial y la falta de nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
Los jerarcas judiciales aseguraron en julio que el recorte de ₡3.053 millones aplicado por el Ministerio de Hacienda puede comprometer las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público y la atención a víctimas de delitos.
Por otra parte, el rechazo por parte de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y su devolución de la nómina a la Corte Suprema de Justicia, así como la falta de acuerdo entre las fracciones para alcanzar los 38 votos mínimos para los nombramientos, han generado atrasos en la Sala Constitucional.
“Ambos acontecimientos han sido identificados como parte de un patrón más amplio de presión del Ejecutivo sobre la independencia judicial”, indicó la asociación.
Señaló que la advertencia que lanzó el Poder Judicial respecto al recorte presupuestario merece especial atención por parte de la comunidad internacional.
“La City Bar no cuestiona la autoridad soberana de los Estados para determinar asignaciones presupuestarias razonables a la luz de prioridades públicas competidoras. Sin embargo, cuando la reducción, suspensión o retención de fondos judiciales se utiliza -ya sea por diseño o por efecto práctico- para presionar, desestabilizar o debilitar a los tribunales, deja de ser un ejercicio ordinario de política fiscal y se convierte en un medio para socavar la independencia judicial”, indicó.
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Asociación pide garantiar el funcionamiento del Poder Judicial
La asociación solicitó al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que se abstuvieran de utilizar la asignación presupuestaria como mecanismo de presión contra el Poder Judicial.
Asimismo, pidió que se estableciera un diálogo institucional transparente con el Poder Judicial para evaluar las necesidades presupuestarias del Poder Judicial así como mecanismos legales que garanticen una asignación presupuestaria mínima y estable, sujeta a mecanismos claros de rendición de cuentas.
El Gobierno y la Asamblea Legislativa deben garantizar el pleno funcionamiento de la Sala Constitucional por medio de la aprobación de los magistrados suplentes.
“La City Bar hace un respetuoso llamado a los organismos regionales e internacionales, incluidos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, para que den seguimiento a la evolución de esta situación en Costa Rica”, señaló.
