EscucharLa Defensoría de los Habitantesalertó que la reducción del financiamiento pone en riesgo el derecho a la educación.
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En un informe, la Defensoría indicó que el gasto público destinado a educación se redujo del 7,8% del PIB en 2019 al 5,5% en 2025, incumpliendo el mandato constitucional del 8% del PIB.
Esta reducción presupuestaria no solo afecta la capacidad institucional del Ministerio de Educación Pública (MEP) para ejecutar programas estratégicos, sino que también impacta en la calidad de los aprendizajes, la infraestructura educativa y la equidad territorial.
“Refleja una pérdida sostenida de prioridad política y fiscal hacia uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano y social costarricense”, indicó.
La Defensoría destacó que la prueba de que la reducción de los recursos afecta a la educación es que el país experimentó una caída en los resultados de las pruebas internacionales PISA entre 2015 y 2025. Por ejemplo, hubo pérdidas acumuladas de hasta 24 puntos en matemáticas y 28 en lectura.
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Afectan a diferentes comunidades
Los recortes presupuestarios en programas esenciales como alimentación escolar, infraestructura y formación docente afectan a las comunidades rurales, costeras, indígenas y a los estudiantes con discapacidad.
Esta reducción provoca que los estudiantes no puedan permanecer dentro de las aulas y, además, amplía las brechas estructurales de desigualdad.
“La erosión progresiva del presupuesto educativo ha limitado el alcance de políticas de inclusión y equidad, debilitando programas como el de becas y transporte estudiantil”, señaló.
Ante este riesgo, la Defensoría hizo un llamado para que se priorice la educación “como inversión estratégica para el desarrollo nacional”.
“Fortalecer la gobernanza, garantizar estabilidad financiera y asegurar la equidad en la asignación de recursos son condiciones esenciales para que la educación continúe siendo un instrumento de justicia social, cohesión y democracia”, concluyó.
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