La diputada Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó un proyecto de ley que pretende la creación de clínicas veterinarias estatales; es decir, como una “CCSS para mascotas”.
A la legisladora le gustan mucho los animales, y tiene un perro y un gato. Ella contó que hace poco llevó al perrito de su mamá al veterinario, porque se había comido un hueso. Mientras estaba ahí, vio a una mujer llegar con su perro en condición grave, porque lo habían envenenado, pero estaba muy preocupada porque no tenía dinero para pagar la cuenta.
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Esa experiencia, y el saber que muchas familias no tienen los recursos económicos para hacer frente a los gastos veterinarios de sus mascotas, la motivaron para presentar el proyecto de ley.
Méndez explicó a La Teja que las clínicas se financiarían con un impuesto del 10% a los artículos para mascotas, como alimentos, desparacitantes, ropa, juguetes, cepillos y champú, entre otros.
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Esa plata sería administrada por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Las clínicas darían apertura, paulatinamente, y se ubicarán en las sedes de Senasa, en las cabeceras de cantón.
Se atenderían razas menores: “Animales domésticos de tamaño pequeño, incluyendo perros de hasta 50 kilogramos; gatos de 80 a 90 centímetros y de hasta 5 kilogramos; hámsteres, conejos de hasta 5 kilos, entre otros definidos vía reglamento”.
No habría que pagar nada por atenciones básicas
La legisladora indicó que la idea es que, cuando las personas lleven a sus animales a hacerse procedimientos básicos, no tengan que pagar nada.
“La propuesta dice que esas pequeñas atenciones, que son primarias, no tendrían ningún costo. Si ya es una operación, pues habría que pagar un costo, pero mucho menor que en una veterinaria”, recalcó la diputada.
Las clínicas también atenderían a animales callejeros.
Silvia Coto, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios, dice que la iniciativa de la liberacionista tiene el espíritu correcto, y que son rescatables el interés por el bienestar animal y por la salud pública, pero que está desfasada, por lo que así como está planteada no le ve futuro.
Coto no ve bien que Méndez diga que los servicios veterinarios son “caros”, ya que se trata de procedimientos médicos que necesitan los mismos utensilios, materiales, cuidados y medicamentos que la medicina para humanos.
Otra de las cosas en las que no está de acuerdo es que el proyecto diga que las clínicas atenderán a razas menores, pues asegura que en la veterinaria no existe dicha tipificación.
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“Es totalmente ambigua esa definición. También se señala incluir especies de animales de compañía o tipo de mascotas que son consideradas exóticas o no tradicionales.
“No se medica igual a un conejo que a un perro, ni a un gato que a un perro. Pretender que una clínica como la que están planteando aquí atienda a todo el mundo, eventualmente, va a terminar generando problemas y se va a comprometer la calidad del servicio que se brinda”, enfatizó Coto.
Alimentos, desparacitantes y medinas subirían de precio
La presidenta del Colegio cuestionó también el que el financiamiento de las clínicas veterinarias estatales salga de un impuesto del 10% a artículos básicos, como alimentos o medicamentos para los animales, ya que considera que eso puede afectar a las poblaciones más vulnerables.
Ella argumenta que si a las personas les sube de precio del alimento del perro, el champú, el desparasitante o las vacunas, entonces puede ser que prefieran ya no desparasitar a la mascota o no vacunarla, y eso pondría en riesgo a los animales y a la población en general.
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Ante este cuestionamiento, la legisladora dice que el impuesto es un mal necesario.
“Es que una cosa compensa la otra; o sea, si yo estoy pagando 6.000 colones por un alimento y ahora me va a costar 6.600 colones, o el saco pasa de 20.000 colones a 22.000 colones, eso va a aportar a que haya un bienestar animal de razas pequeñas en el país. Es una compensación”, sostuvo Méndez.
Por su parte, Coto también dice que el proyecto habla de atención gratuita, así como de campañas de castración y vacunación sin costo. Ella ve eso como un riesgo de saturación de un servicio en el que no hay un planeamiento real de costos y viabilidad, así como de sostenibilidad.
También cuestionó que las clínicas estarán en manos del Senasa, cuando esa institución ni siquiera da abasto con lo que tiene ahora, menos podría asumir otras responsabilidades.
Además, piensa que un financiamiento del 10% en artículos para mascotas no sería suficiente para hacer frente a los enormes gastos de crear clínicas veterinarias y darles el mantenimiento necesario.
“A mí me encantaría a ver si la diputada Méndez tiene claro cuánto cuesta equipar un consultorio veterinario. Uno mínimo, como para que usted pueda hacer medicina preventiva y, tal vez, cirugías menores, o sea, suturar una herida, no se equipa con menos de 2 o 3 millones de colones. Ahora bien, si hablamos de un quirófano, serían 15 o 20 millones de colones o más”, insistió Coto.
La diputada Méndez afirma que en este momento el proyecto es una propuesta base que se puede modificar y mejorar. Ella está abierta a escuchar sugerencias para fortalecerlo.
La Teja solicitó a Senasa una posición sobre el proyecto de ley, debido a que sería la institución que debería hacerse cargo de las clínicas veterinarias. Estamos a la espera de la respuesta.