El diputado del Frente Amplio (FA), Edgardo Araya, presentó este martes dos denuncias formales contra la legisladora oficialista Cindy Murillo, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por el presunto delito de legislación en provecho propio.
Las gestiones legales fueron interpuestas después del mediodía ante la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República.
La motivación de las denuncias contra Murillo es que ella votó a favor de la aprobación de un proyecto de ley que autoriza el desarrollo comercial en el lago Arenal, y que, presuntamente, eso beneficiaría un negocio turístico familiar.
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¿Conflicto de intereses?
Las denuncias surgen luego de que la diputada Cindy Murillo votara a favor, en dos debates, del proyecto de ley que crea el área silvestre protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal.
El cuestionamiento ético y legal radica en que la familia de la legisladora sería propietaria de un hotel ubicado exactamente a las orillas del lago Arenal.
Este negocio pertenecería a una sociedad anónima en la cual la legisladora sería la tesorera. Además, la junta directiva de la empresa estaría conformada por su círculo familiar: su papá sería el presidente, su mamá la secretaria y su hermana la fiscal.
¿Qué permite la nueva Ley del Embalse Arenal?
El proyecto, que ya se convirtió en la Ley 10963, otorga al embalse la categoría de “paisaje nacional protegido”. Esta nueva normativa abre la puerta al desarrollo de actividades productivas de subsistencia y turísticas de bajo impacto en los 87 kilómetros del lago y en la franja costera hasta los 548,58 metros sobre el nivel del mar.
Entre las actividades que ahora cuentan con aval legal destacan:
- Pesca de subsistencia, deportiva, de fomento y acuicultura.
- Actividades recreativas acuáticas.
- Transporte acuático.
- Desarrollo de infraestructura turística de bajo impacto, lo que incluye la construcción de atracaderos turísticos.
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“Un acto de justicia”
El pasado jueves 28 de mayo, durante la votación en primer debate, la congresista oficialista tomó la palabra desde su curul para justificar su apoyo a la iniciativa.
“Muchas de esas familias ya no están aquí para defender este proyecto, pero estamos, sus hijos y sus nietos, levantando la voz por ellos”, justificó la legisladora del Partido Pueblo Soberano.
“Para eso estoy en el Congreso, para defender a mi pueblo y levantar la voz por esas familias que durante 50 años están esperando justicia”, agregó.
La Teja solicitó a prensa del PPSO una reacción de la diputada Murillo sobre las denuncias en su contra, pero nos dijeron que de momento no se va a referir al tema.
Ahora, competirá a la Fiscalía y a la Procuraduría determinar si el voto de la diputada cruzó la línea entre la representación popular y el presunto beneficio económico familiar.
