Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de todas las fracciones legislativas se lograron poner de acuerdo para mejorar un proyecto de ley impulsado por el oficialismo.
Se trata de la iniciativa N° 25.619, Ley de Seguridad para la Nacional, Registral y de Archivos Judiciales.
El objetivo principal de esta iniciativa es que las autoridades de seguridad tengan acceso permanente a los antecedentes penales para poder investigar y prevenir mejor los delitos.
Todos los legisladores coincidían en que eso estaba muy bien, sin embargo, había un detalle que tenía a varios con los pelos de punta: el proyecto original proponía que cualquier condena, así fuera una de tres meses de prisión por un delito de hurto, por ejemplo, apareciera por 15 años en el registro, sin importar la gravedad del delito o quién lo cometió.
Una traba peligrosa para conseguir trabajito
Buscar trabajo con la hoja de delincuencia manchada es casi una misión imposible.
Imagínese el caso de una persona en pobreza extrema que cae en el error de cometer un hurto sin violencia. Con esa regla general, esta persona se quedaría sin acceso al empleo formal por 15 años, incluso mucho después de haber pagado su condena.
Para los legisladores del Frente Amplio, esto era totalmente contraproducente. Si a estas personas se les cierran las puertas para reinsertarse en la sociedad, corren un alto riesgo de ser reclutadas por el crimen organizado. Justo lo que el país necesita evitar.
Un acuerdo para proteger a los más vulnerables
A raíz de esa preocupación, los legisladores del Frente Amplio y del Partido Pueblo Soberano se sentaron, expusieron sus preocupaciones y acordaron presentar una moción para arreglar el texto.
La idea es garantizar la proporcionalidad y resguardar a las poblaciones vulnerables, como las personas en pobreza, las mujeres con personas bajo su cuido y los menores de edad.
La diputada Sigrid Segura agradeció la buena voluntad de la fracción oficialista para construir un texto que golpee al crimen organizado, pero “sin afectar a las personas más vulnerables”.
Por su parte, el legislador José María Villalta aclaró que la intención no es dar un tratamiento privilegiado a nadie, sino construir un proyecto “que sea inteligente en el resguardo de la seguridad nacional”.
¡Mano dura contra los delitos sexuales!
El acuerdo no significa aflojarle a todos los criminales. El otro gran punto que pactaron los legisladores fue endurecer los registros para los delincuentes sexuales.
Todas las fracciones coincidieron en que, para los casos de delitos sexuales contra menores de edad, es urgente extender el plazo en que estas condenas se mantienen dentro de la hoja de delincuencia.
