Los diputados oficialistas que integran la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminaron de forma positiva un proyecto de ley que a todas luces parece ser inconstitucional.
Pese a que los legisladores de oposición que estuvieron presentes fueron claros en que si el texto se dictaminaba así, era muy probable que se cayera en la Sala Constitucional, los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), sin dar explicaciones, votaron a favor.
Se trata del expediente 25.616, conocido como “Ley mano firme ante la reincidencia delictiva”.
Un debate lleno de fuertes reclamos
Lo que más llamó la atención de esta sesión fue la actitud de casi todos los legisladores oficialistas, quienes rechazaron, una por una y sin dar justificación, nueve mociones que buscaban corregir el texto.
Diputados del Frente Amplio, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana explicaron que esas correcciones no eran un capricho; eran recomendaciones hechas por entidades expertas, como la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio Público.
Mientras ellos explicaban con detalle por qué el texto tenía roces con la Constitución Política, el oficialismo guardó un tenso silencio y rechazó las mociones.
Incluso diputadas como Abril Gordienko, del PUSC, y Sigrid Segura, del Frente Amplio, les pidieron “un poco de transparencia” para explicarle al pueblo costarricense por qué desechaban las mejoras, pero no obtuvieron respuesta.
¿Qué dice el proyecto y por qué preocupa tanto?
Este plan busca crear nuevas categorías legales para castigar a quienes vuelvan a cometer delitos. Además, daría al Poder Ejecutivo la facultad de designar estas categorías y de aplicar las penas.
Pero uno de los puntos que más enciende las alarmas es que busca alargar los registros delictivos por 15 años, una vez que la persona ya cumplió su condena en la cárcel.
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El diputado José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, no es miembro de la comisión, pero llegó a participar para tratar de corregir el texto. Él explicó que la medida de los 15 años impediría que una persona que ya pagó por su error pueda conseguir un empleo honesto, obligándola tristemente a volver a delinquir para poder comer.
Por su parte, la legisladora Sigrid Segura criticó que el proyecto castiga duro a los de abajo, pero no contempla a los grandes cabecillas de las organizaciones criminales, que son los que casi nunca caen presos.
¿Una trampa para culpar a los magistrados?
La oposición fue muy directa al señalar que el texto está tan mal redactado que es casi imposible que pase la revisión de la Sala Constitucional.
Villalta y Gordienko advirtieron que este plan parece ser una movida política: se aprueba una ley muy dura, sabiendo que se va a caer por estar mal hecha, para luego echarle la culpa al Poder Judicial cuando sea frenada por los magistrados de la Sala IV.
“En el fondo no les importa si la ley se cae a pedazos... para entonces decir: ‘Vean, nosotros aprobamos la ley de la mano dura, pero después el malvado Poder Judicial no nos dejó’”, argumentó Villalta.
Solo una diputada defendió el proyecto
La única diputada del bloque oficialista que tomó la palabra fue Kattia Calvo. Ella defendió el proyecto a capa y espada, asegurando que el modelo actual del país no funciona.
Ella justificó que estas propuestas son “cambios radicales” y les bajó el piso a las advertencias sobre los roces constitucionales. Según ella, la Constitución debe ajustarse “a las necesidades y a los cambios”.
Aunque la diputada Calvo reconoció que al proyecto sí le hacen falta mejoras, aseguró que las van a incluir “en el momento oportuno”.
Esto generó más molestias, pues la oposición le recordó que el momento oportuno para arreglar el proyecto es justamente ahí, en la comisión.
