EscucharLos legisladores opositores decidieron ponerle un freno a una medida de la presidenta Laura Fernández, argumentando que la plata de los costarricenses no puede gastarse a escondidas.
Los legisladores del Bloque Democrático –que está conformado por las fracciones del PLN, FA, PUSC y CAC– presentaron una acción de inconstitucionalidad para frenar el decreto del Gobierno que califica como secreto de Estado información relacionada con la DIS y la seguridad del país.
El objetivo de los diputados es paralizar los efectos del decreto. Según denuncian, esta directriz les pone un “cerco de opacidad” a varias instituciones clave.
Específicamente, el secreto caería sobre el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la denominada “Fuerza Élite”.
No se debe ocultar información
Los legisladores de este bloque son muy claros al decir que están a favor de proteger al país, pero no a costa de los derechos de la ciudadanía ni de sus recursos.
Ellos pegaron el grito en el cielo porque consideraron que el Gobierno, usando el pretexto del “secreto de Estado” y la “seguridad nacional”, quiere ocultar bajo llave los presupuestos, las compras públicas y las contrataciones.
Para el Bloque Democrático, la falta total de fiscalización es peligrosa, ya que deja a la gente indefensa y podría prestarse a negocios poco transparentes e incluso para persecución política.
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¿Qué dice la Constitución Política al respecto?
El grupo de diputados argumenta ante los magistrados que este decreto de seguridad pisotea dos artículos fundamentales de nuestra Constitución Política.
Primero, señalan que se viola el artículo 27, que nos da a todos el sagrado derecho de pedirle cuentas claras a cualquier funcionario público y de recibir una respuesta rápida.
Segundo, dicen que el decreto irrespeta el artículo 30, el cual nos garantiza el libre acceso a la información de interés público.
Aunque la ley sí permite los secretos de Estado, los diputados aclaran en su reclamo que esto debe ser una excepción muy estricta y no una regla general para tapar licitaciones y contratos.
Por la gravedad de esta situación, los legisladores ya le pidieron a la Sala Constitucional que ordene la suspensión inmediata de los efectos de este decreto, mientras los magistrados analizan el caso a fondo.
