EscucharEl doloroso caso del femicidio de Junieysis Merlo deja en evidencia una gran debilidad que hay en el país y que urge corregir.
Pese a que hay leyes que protegen a las mujeres, estas no han sido suficientes para frenar la violencia y los femicidios.
La diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), ha presentado varios proyectos de ley que pretenden darle herramientas a las autoridades para prevenir los femicidios y ataques contra mujeres.
“En casos tan lamentables como el de Junieysis Merlo, es evidente la urgencia de contar con herramientas eficaces para actuar con rapidez y salvar vidas.
“La Ley 10.722, conocida como Alerta Kimberly, que impulsé y logramos aprobar en la Asamblea Legislativa, representa precisamente eso: una respuesta concreta para prevenir desapariciones y posibles femicidios”, manifestó la legisladora.
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Esta iniciativa nació tras el femicidio de Kimberly Araya, una mujer de 33 años y madre de tres hijos, quien estuvo desaparecida durante una semana antes de que su cuerpo fuera hallado a la orilla de la Ruta 32, en las cercanías del túnel Zurquí.
Ley ya está vigente y activa protocolo
Carballo asegura que esta ley, ya vigente, permite activar de forma inmediata un protocolo de prevención y búsqueda, liderado por el Ministerio de Seguridad Pública y el OIJ, incluyendo la difusión obligatoria y gratuita de alertas en medios de comunicación y redes sociales.
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Además, agiliza las investigaciones al permitir la intervención de telecomunicaciones del principal sospechoso, y establece medidas como la restricción de salida del país de la persona desaparecida.
“También crea un registro nacional actualizado, con información precisa, que fortalece la capacidad de respuesta del Estado porque no se puede reaccionar tarde cuando está en juego una vida”, agregó.
Otra ley importante en camino
Carballo también propuso un proyecto llamado “Ley Katherine Garro”, basado en el caso de una mamá de 37 años que fue asesinada a puñaladas a manos de su expareja, un hombre de apellido Cascante, de 26 años, que luego de cometer el crimen, se entregó a las autoridades.
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Lleva el nombre de la víctima para justificar el cambio que se quiere hacer en la ley. Katherine contaba con medidas de protección y aun así murió a manos del hombre de quien el Estado debía protegerla.
“La iniciativa busca fortalecer el marco jurídico y garantizar una protección más efectiva a las mujeres, mejorar el control de los agresores y prevenir los femicidios, esto mediante una reforma a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y a la Ley contra la Violencia Doméstica y el Código Penal.
“La propuesta contempla programas obligatorios de reeducación y tratamiento psicoterapéutico para agresores, así como el monitoreo electrónico de ubicación para garantizar el cumplimiento de las órdenes de restricción y proteger a la víctima”, informó el PUSC.
Según el texto, el Ministerio de Justicia y Paz será el encargado de supervisar el cumplimiento de las penas, implementando protocolos ágiles de coordinación entre instituciones.
Además, deberá entregar informes mensuales actualizados sobre delitos, reincidencia y la eficacia de las medidas adoptadas.
Ese proyecto está analizándose en una comisión legislativa y en caso de ser dictaminado de forma positiva, pasaría al plenario legislativo a para votarse en primer y segundo debate.
